Las inversiones en generación eléctrica para los próximos años se van a recortar drásticamente. A excepción de las destinadas a algunos activos de energías renovables que no están afectados por el parón aprobado por el Gobierno, en medios del sector se habla de «moratoria» en el área de producción hasta el año 2020. Esta proyección se establece en un ámbito marcado por el déficit del sector eléctrico que se dispara a más de 24.000 millones de euros, por un consumo que no tira y por las dificultades para financiar vía presupuestos del Estado las deficiencias del sistema.

Los datos que se aportan desde esos medios indican además que de los 100.000 megavatios de potencia instalada únicamente se utiliza, incluso en las horas puntas, alrededor de un 50% de la capacidad. Con estas premisas, las principales empresas eléctricas están a la espera de conocer las líneas maestras de la política energética del Gobierno para ajustar sus  programas en un año que además se considera de transición. Las compañías reclaman que la remuneración a las inversiones se centre en donde se acumulan mayores necesidades para dar un buen servicio: la distribución. Como consecuencia, la creación de redes inteligentes y una modernización del transporte serían los objetivos prioritarios, con inversiones que sean reconocidas.

Este retrato actual del sector se produce cuando las empresas se movilizan en el seno de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para destacar que el déficit tarifario no resuelto y la crisis se traducen en una descapitalización de las compañías y posibles problemas de liquidez. Unesa, organización que agrupa a las empresas del área, ha trasladado a los actuales responsables de la política energética de Industria datos que ponen de manifiesto que los ingresos del sector para 2012 ascenderán a 13.247 millones de euros, con unos costes  de 18.517 millones (de los que casi la mitad se deben a las primas al régimen especial), por lo que se ampliaría el déficit acumulado. En este contexto, las eléctricas piden una revisión de las tarifas de acceso, al tiempo que señalan que la decisión de congelar en octubre la tarifa del último recurso (TUR) ha agravado la situación. El Gobierno tiene sobre la mesa un problema de difícil encaje, más cuando las proyecciones del sector conllevan un alza de la parte del recibo regulado del entorno del 30% para 2012.