El Gobierno anunció este martes una reforma “integral” de las ayudas por contratar que cobran las empresas. El Ejecutivo desea introducir un “mayor control” en el gasto de los 3.000 millones de euros que se dedican cada año a estimular la contratación entre determinados colectivos, como mujeres, jóvenes y parados de larga duración, debido a las “importantes deficiencias” detectadas, según afirmó la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, que este martes compareció por primera vez como tal en la Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados, donde esbozó además algunos ejes de la reforma laboral que el Gobierno aprobará este viernes.

“Para el Gobierno, lo peor sería no hacer nada”, afirmó Báñez, quien se apoyó en las cifras del paro para justificar una reforma laboral “completa”, que según teme el Gobierno podría costarle una huelga general, del mismo modo que en septiembre de 2010 se convocó un paro general, incluso siendo aquella reforma “parcial”, según advirtió.

Para el Gobierno, el diseño institucional del mercado de trabajo es “parcialmente” responsable de la situación actual de desempleo, con más de cinco millones de parados, y que afecta especialmente a los jóvenes.

Con su reforma, el Ejecutivo pretende acabar con la “dualidad” existente entre las personas según sea su contrato fijo o temporal. Otros objetivos son la pretensión de alcanzar una mayor “estabilidad” en el empleo y lograr más “flexibilidad interna” para que las empresas puedan adaptarse al ciclo económico.

El Ejecutivo creará la figura de una “cuenta formación” que los trabajadores podrán usar a lo largo de su vida laboral, una especie de crédito para formarse sobre el cual la ministra no ofreció mayores detalles.

Además el real decreto-ley facilitará “mayor flexibilidad” a autónomos y pymes, dijo Báñez, que fue acusada de falta de concreción por todos los grupos de la oposición.

Por otro lado, el Gobierno se dispone a introducir medidas que favorezcan la conciliación entre la vida profesional y familiar, con medidas que favorezcan la asunción de horarios de trabajo “más racionales”, dijo tras anunciar otras medidas en materia de responsabilidad social empresarial.

El INEM ya no estará solo

El Gobierno se dispone a abrir además la puerta de los servicios de colocación a las empresas privadas. Esta labor, que hasta ahora realizan en solitario los servicios de empleo estatales, el antiguo INEM, permitirá que las empresas participen en la intermediación entre los desempleados y las ofertas de empleo por parte de las empresas.

Además, el Ejecutivo pretende mejorar la “vinculación” entre políticas activas y pasivas de empleo, es decir entre políticas de formación de desempleados y el cobro de la prestación por desempleo, especialmente entre los jóvenes.

Reforma de la Formación Profesional

Báñez avanzó además que el Ejecutivo reformará el sistema de Formación Profesional, un plan que se desarrollará “en los próximos meses”.

Sin embargo, el Gobierno negó que se haya planteado traer a España los llamados ‘minijobs’, según dijo Báñez, quien explicó además sus principales caraterísticas. “Los ‘minijobs’ son contratos a tiempo completo por 400 euros. Y en España el salario mínimo está fijado en 641 euros. Por eso no caben en nuestra legislación”, concluyó.

En cambio, Báñez anunció que el Gobierno está “revisando” el contrato de formación y aprendizaje para los jóvenes, que el Ejecutivo socialista aprobó en la pasada legislatura, a pesar de las muchas “lagunas” halladas en el marco de su desarrollo legal, dijo tras destacar la falta de 200 certificaciones de cuya existencia tampoco tienen “ni idea” los sindicatos, ni los empresarios, ni las comunidades autónomas.

El Gobierno negó, en cambio, que se plantee implantar el llamado contrato único. “No va a haber un contrato único. Es inconstitucional”, afirmó Báñez, tras destacar que este contrato, que defienden algunos economistas y grupos como UPyD, vulnera la normativa desarrollada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE) y la Carta Social de la UE.

Tampoco se plantea el Gobierno recortar la prestación por desempleo, afirmó la ministra, aunque si dijo que redoblarán la persecución del fraude en el cobro de prestaciones.

Desconfianza en la oposición

En su turno, los diversos grupos de la oposición criticaron a la ministra por la ausencia de detalles aportados a la comisión. Algunos alertaron además de las consecuencias que tendrá una reforma que tildaron de “innecesaria”. Así, el portavoz socialista Jesús Caldera negó que oportunidad de la reforma y afirmó que el reciente pacto de moderación salarial (AENC) firmado por empresarios y sindicatos prevé ya la suficiente “flexibilidad” en materia de salarios, jornada laboral y funciones de los trabajadores.

Por su parte, el portavoz de la Izquierda Plural, Joan Coscubiella, tildó el diagnóstico de la crisis trazado por la ministra de “pura teología” y alertó de que “la flexibilidad no pactada es desregulación”. Además, lamentó algunas posibles consecuencias que la presentida reforma tendrá en un ámbito como la negociación colectiva.

En particular, el también ex líder de CCOO en Cataluña teme que la reforma en preparación vaya a permitir el descuelgue del convenio de manera “unilateral” por parte de las empresas. También recela sobre una posible eliminación de la llamada ‘ultraactividad” de los convenios, en referencia a la vigencia de los convenios prevista en la legislación actual mientras no se renueven. Además, desconfía de una posible desaparición de la autorización administrativa, preceptiva hasta el momento, en la autorización de un expediente de regulación de empleo (ERE).

Coscubiella criticó además el anuncio de la ministra de que el Gobienro aprobará una nueva Ley de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. El exlíder sindical negó que haya existido hasta la fecha “un exceso de intervencionismo” en la gestión de las Mutuas, como sostiene la ministra, y defendió por el contrario que, con la actual ley, lo que ha ocurrido es que “los gestores se han apropiado de las Mutuas”.

El Ejecutivo aprobará el próximo viernes por real decreto-ley una nueva reforma laboral, como parte de una “intensa agenda reformista” que el Ejecutivo ha llevado a cabo en el mes largo que ha transcurrido desde su llegada al poder, el pasado mes de diciembre. Esta agenda incluye la ley de estabilidad presupuestaria, que obliga a las comunidades autónomas a llevar un mayor control del déficit, y una nueva reestructuración financiera que fuerza a las entidades financieras a nuevas fusiones y a realizar mayores provisiones que cubran su exposición al sector inmobiliario. Con esta última reforma el Ejecutivo pretende lograr que se abarate el precio de la vivienda.