Después de la reforma financiera y de la laboral la toca a la eléctrica. Es uno de los temas en los que trabaja el Ejecutivo con el objetivo racionalizar los complejos mecanismos internos que rigen el sector de forma que eleve su competitividad, y que esta mejora se traslade a empresas y ciudadanos. Pero, como en todos estos procesos, se producen «víctimas».  Las eléctricas se oponen de forma frontal a la eventual intención del Gobierno de fijar un canon especial a las centrales nucleares. Esta medida estaría relacionada con la estrategia de Industria de reducir no sólo el déficit tarifario acumulado, que se va a acercar a los 24.000 millones de euros, sino también con el objetivo de aumentar ingresos y reducir costes para que el sector se acerque  al equilibrio a largo plazo.

Cuando la reforma eléctrica está a punto de ser aprobada por el Ejecutivo, las empresas se movilizan para defender un modelo en cuya composición no coinciden en todos los puntos, mientras que sí hay consenso en algunos temas. El rechazo a lo que se considera que podría ser una discriminación de las centrales nucleares e hidráulicas es uno de los aspectos básicos. Descartan que estos activos estén totalmente amortizados, uno de los argumentos utilizados para defender que cuenten con una retribución diferente, al tiempo que los consideran una de las bases de la independencia energética del exterior. En medios del sector se estima, por otro lado, que será necesario destinar 19.000 millones de euros a las redes de distribución y 11.000 millones a las de transporte. Asumiendo el exceso de capacidad instalada  en generación, las eléctricas defienden que se eleve la retribución en distribución -el talón de  Aquiles del sistema- para mejorar el servicio. No obstante, se cuestiona que las inversiones anuales de estas compañías alcancen los 15.000 millones de euros anuales de etapas anteriores.