La presidenta del PP catalán, Alícia Sánchez Camacho, estaba eufórica en la rueda de prensa en la que explicó los acuerdos a los que esta madrugada llegaron con CiU y que permiten que el Parlament apruebe esta semana los presupuestos de la Generalitat. La dirigente popular señaló que su partido «está determinando gran parte de la agenda política del gobierno catalán» y que, a diferencia de los pactos realizados en los anteriores presupuestos, esta vez «son un compromiso de presente y de futuro», y aún añadió que este acuerdo «está basado en los objetivos  del PP de Catalunya y España». Sánchez Camacho llegó a la conclusión que «la geometría variable propugnada por Artur Mas se ha visualizado hoy, cuando el Govern ha escogido su socio» y destacó cómo su partido ha hecho valer «el peso de sus votos«.

Entre el decálogo de medidas que el PP ha logrado introducir, las más importantes están en la matización del ticket por receta médica, el retraso en el cobro de la tasa turística y el precio del canon sobre el agua, además de lograr medidas para la reactivación económica y medidas de austeridad en la administración.

El l portavoz  del Govern, Francesc Homs, mostró el agradecimiento del ejecutivo catalán al PP por el acuerdo logrado, ya que «no es fácil dado que se han de tomar decisiones complicadas que no gustan a nadie, por ello felicitamos a quien actúa con responsabilidad , y no como otros que se lavan las manos».

En cambio el Govern fue muy duro con la decisión de Iniciativa y los subgrupos de Solidaridad y Ciudadanos de acudir al Consejo de Garantías Estatutarias para que se pronuncie sobre la ley de acompañamiento de los presupuestos. El pronunciamiento de este organismo, que no es vinculante, tiene el plazo de un mes, que es lo que se retrasará su aprobación. El portavoz del Govern fue muy crítico con esta decisión que «rompe una tradición parlamentaria» y cuantificó el coste de esta iniciativa en 30 millones de euros como consecuencia al retraso de la entrada en vigor de algunas de las medidas impositivas contempladas en esta ley. «Esta es la consecuencia práctica de esta decisión partidista, porque todo el mundo sabe cómo acabará el tema y esta actitud no lleva a ninguna parte». Acto seguido agradeció que el PSC y ERC no se sumaran a esta iniciativa que calificó de «filibusterismo parlamentario».

El presidente del grupo parlamentario socialista, Joaquim Nadal, consideró que la base del acuerdo CiU-PP «son los recortes sociales, la regresión política y un generalizado aumento de impuestos que afectan a los sectores más desfavorecidos«. Además consideró que CiU, con este pacto, «esconde en un cajón la transición nacional, el derecho a decidir, el pacto fiscal y la consulta sobre temas no referendantes», lo que en su opinión «supone la máxima subordinación de Catalunya a España en toda la historia democrática».