Se ha producido en el marco de una serie de medidas de control a unas 300 empresas exportadoras ubicadas en Argentina, que han sido llevadas a cabo por la Administración Federal de Ingresos Públicos. Pero el hecho es que a Repsol le ha surgido un nuevo problema en ese país andino. A su filial YPF se le ha prohibido realizar cualquier operación de exportación o de importación hasta que cumpla con el pago de una deuda tributaria que se eleva a 8 millones de dólares. Esta cifra es en concepto de las diferencias por derecho de exportación de gas detectadas por la Hacienda de ese país. El tema tendría menos calado si no fuese porque se une a otros conflictos recientes, ya sean reales o puro humo.

El primero que saltó a la opinión pública este año fue la resurrección de la idea de renacionalizar YPF, que no ha sido desmentida con determinación por el Ejecutivo de Cristina Fernández. La presión siguió a través de los gobernadores de las provincias productoras, que acusan a Repsol de diezmar las inversiones, lo que, en su opinión, se traduce en menos petróleo y gas producidos. Las críticas se centran también en lo que califican de elevados dividendos de YPF a Repsol. Algún representante estatal en el consejo incluso se ha opuesto a que se abone cantidad alguna.

En este contexto el reciente viaje del presidente de Repsol, Antonio Brufau, a Argentina no puede considerarse precisamente un éxito. No obstante, Repsol ha contraatacado revelando las inversiones realizadas en 2011, un 50% más altas, y las que desarrollará en el principal campo de cara al futuro, Vaca Muerta. Estos problemas han repercutido en la cotización de la petrolera española y de YPF.

Según un listado -confeccionado por la Administración Federal de Ingresos Públicos- de más de 300 empresas exportadoras e importadoras que tienen diferencias con el fisco, YPF tendrá prohibido realizar cualquier tipo de exportación o importación hasta que cumpla con el pago de una deuda tributaria por 8 millones de dólares en concepto de cargo a causa de una diferencia por derecho de exportación de gas.