Puesto que la situación económica no va a mejorar, el presidente Rajoy ya admite en el Parlamento que la reforma laboral y otras medidas como la segunda fase de las fusiones bancarias “no van a tener efectos a corto plazo”. Lo que sí producirá la reforma laboral –le reprochó el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba— será una mayor facilidad para el “despido libre y gratuito” en los contratos de un año y, entre otras cosas, el miedo y la amenaza: “O aceptas la bajada del salario o ahí tienes la puerta”.

La vuelta de tuerca a las relaciones laborales con el decreto de reforma aprobado el viernes por el Consejo de Ministros fue el plato fuerte de la sesión de control al Ejecutivo de este miércoles, 15 de febrero. Rajoy interpreta que el rechazo de la oposición de izquierda y de los sindicatos a la reforma obedece a que “los sindicatos pierden mucho poder y las organizaciones empresariales también”, pero “este Gobierno toma decisiones para el conjunto de los ciudadanos”.

Su afirmación de que los patronos pierden poder es, como mínimo, atrevida, si se tiene en cuenta el desequilibrio de la norma a favor de los empresarios, incluidas las administraciones públicas, que podrán despedir a los interinos fijos alegando falta de presupuesto para sufragar los servicios públicos. La única certeza sobre el empleo será la incertidumbre. La nueva portavoz socialista, Soraya Rodríguez, se estrenó contra su paisana y tocaya, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, con el recuerdo de las “mentiras” de campaña electoral.

Lo típico: Rajoy dijo que no iba a subir los impuestos y tardó menos de un mes en subir el IRPF, dijo que no iba a facilitar los despidos en un país con el 23% de la población activa en situación de brazos caídos, y tardó 50 días en aprobar la norma que los abarata y deja el derecho laboral –que nació hace siglo y medio como contrapeso al capital–, noqueado y por los suelos. Contestó Sáenz de Santamaría que el PP gobierna “a la altura de la gravedad de la situación” que dejó el PSOE. El enfrentamiento fue duro y, como suele ocurrir, quien habla el último, o sea, el Gobierno, gana la puja.

Dureza también la que empleó Rosa Díez, de UPyD, contra el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, al que tachó de “cobarde”, por no atreverse a activar los mecanismos para “ilegalizar” a la formación vasca Amaiur, que Díez considera una Batasuna con otro nombre. El epíteto soliviantó a los diputados vascos del PP y recibió la siguiente respuesta del ministro: “Me dice usted que confundo la prudencia con cobardía. A lo mejor confunde usted el oportunismo político con la defensa del Estado de derecho”.

El titular de Interior reprochó a la lideresa de UPyD que trate de dividir a los demócratas con una interpelación poco afortunada y le pidió “prudencia, inteligencia y discreción” para contribuir a la disolución de ETA. Además, por primera vez, reconoció que “ETA no es hoy en día un problema fundamentalmente policial, aunque la policía siga actuando; tiene una dimensión política que no podemos obviar. Por eso tenemos que actuar con inteligencia y discreción”. Poco más dio de sí el pleno, aunque fue bastante. Luego, Rajoy y Rubalcaba se reunieron en La Moncloa para ver si logran un acuerdo sobre el nuevo director general de RTVE, Defensor del Pueblo, y sobre la renovación del Constitucional y el Tribunal de Cuentas.