CEOE quiere influir en los grupos políticos durante la tramitación del decreto-ley de reforma laboral. La norma, aprobada por el Consejo de Ministros, sufrirá cambios durante su tramitación en las Cortes como proyecto de ley. Los empresarios confían en acortar la llamada ultraactividad, la prórroga automática para los convenios caducados. Además pretenden que las Mutuas puedan dar el alta médica, en lugar del médico de cabecera, como hasta la fecha.

Habrá que esperar a las elecciones andaluzas para conocer el texto final de la reforma. En este momento, a finales de marzo, conoceremos el resultado de la estrategia empresarial, que pretende recortar el plazo de la llamada ultraactividad. Hasta ahora, con la reforma, ya en vigor, se prevén dos años, desde su fecha de vencimiento o bien cuando una de las partes denuncia su contenido. La patronal quiere rebajar ese plazo y cambiar además otro aspecto de la norma como es el arbitraje obligatorio.

El presidente de CEOE, Joan Rosell, que ha comparecido junto al presidente de Cepyme, Jesús Terciado, el presidente de CEAT, Pedro Barato, y el vicepresidente de CEOE, Arturo Fernández, no ha dejado cuál es su intención respecto a otro de los asuntos, el arbitraje obligatorio que introduce la ley en caso de desacuerdo a la finalización de un convenio. Los empresarios habían pactado con los sindicatos un sistema de mediación para resolver estos conflictos. Sin embargo, el decreto aprobaado por el Gobierno introduce el arbitraje obligatorio para estos casos, después de su paso por la Comisión Nacional de Convenios.

Rosell ha dicho hoy que intentarán que el Congreso apruebe una “mezcla” entre lo pactado con los sindicatos y el nuevo texto legal. Minutos antes, Terciado afirmaba en la misma rueda de prensa que CEOE pedirá a las fuerzas políticas que respeten el acuerdo con los sindicatos.

En otro sentido, Rosell ha negado que la reforma se haya hecho a medida de los empresarios. Aun asi, ha alabado su contenido, “bien orientado”, y lo ha situado en línea con lo que se ha hecho en las economías más potentes de la Unión Europea (UE).

El líder patronal confía en que la reforma será capaz de rebajar hasta un 10 o 15 por ciento, frente al 60 por ciento actual, el numero de despidos improcedentes. Por otro lado, ha dudado de la eficacia de las cuantiosas bonificaciones que prevé la norma, aunque los empresarios las “aprovecharán”, según avanzó. En 2011, España dedicó hasta 3.000 millones a estas ayudas a la contratación, que ahora se centrarán en jóvenes y parados de larga duración. “A nosotros no nos gustan las bonificaciones”, insistió.

Dispuesto a subir las cuotas para la formación

En lo relativo a la formación, Rosell ha eludido la polémica que sitúa a empresarios y sindicatos como principales beneficiarios de un sistema que habrán de compartir con otras empresas a partir de ahora, como es la organización de cursos de formación para parados y empleados. “No tenemos ningún problema en cambiar el sistema”, recalcó. Antes, Rosell abogó por aumentar desde el 0,7 actual hasta el 2,3 por ciento el porcentaje que se detrae de cada nómina para la formación, al igual que en Francia.

Rosell ha insinuado, sin embargo, que no admitirá que las empresas rebajen la calidad de estos cursos de formación que pagamos “los empresarios”, ha dicho. A continuación, ha matizado que estos cursos se financian en realidad, además de con las cuotas empresariales, con dinero procedente del Fondo Social Europeo y la Administración General del Estado.

La reforma no combate la temporalidad, según Fedea

Por otra parte, continúan las reacciones al texto legal aprobado por el Gobierno. Así, algunos economistas dudan de sus beneficios en algunos ámbitos. En particular, Samuel Bentolila, economista enmarcado en Fedea, la fundación que los sindicatos y la izquierda tildan de liberal, lamentó las escasas fuerzas que la reforma dedica a la lucha contra la temporalidad. “Las recomendaciones de la OCDE, el FMI y la UE caen en saco roto. La intersección de intereses del oligopolio empresarial-sindical ha triunfado de nuevo”, afirma el economista que se ha destacado por sus estudios sobre el mercado laboral español y de otros países. Además, Bentolila no cree que el abaratamiento del despido favorezca la contratación, y ha afirmado por el contrario que solo beneficia a dos colectivos, como son las mujeres y los jóvenes.

Por su parte, los sindicatos han criticado el retraso que sufrirá el trámite parlamentario para la aprobación definitiva de la reforma. Los plazos para la convalidación del decreto-ley se han aplazado a marzo, desde el 23 de febrero pensado inicialmente, lo que tendrá un efecto «arrastre» sobre su tramitación como proyecto de ley. Este retraso, según el líder de UGT, Cándido Méndez, podría «endurecer más» la reforma, ya que se hará después del 25 de marzo, fecha en que se celebran las elecciones andaluzas.