El Partido Popular ha logrado el primer punto en su carrera reformista. Y lo ha hecho con un apoyo muy grande en el Congreso. No sólo el grupo socialista sino también los nacionalistas catalanes de CiU han dado su apoyo al decreto ley, que no será tramitado como proyecto de ley, es decir que ya es plenamente operativo y no se modificará.

El ministro de Economía presentó el decreto ley a su convalidación por el Pleno del Congreso recordando lo que se había hecho hasta ahora en materia de exigencias de nuevas provisiones señalando que “lo que se pide que hagan ahora las entidades es el doble de lo que han hecho anualmente” queriendo demostrar de esta forma el esfuerzo que se pide hagan los bancos.

El portavoz socialista, Valeriano Gómez, le discutió las cifras al afirmar que el Ejecutivo anterior había ejercido una presión similar sobre las entidades y recordando todas las modificaciones legales que se hicieron en los últimos dos años de gobierno de Rodríguez Zapatero. A pesar de estas discrepancias, los diputados socialistas votaron a favor de la reforma porque, dijo Gómez, “ésta es continuista con lo que se hizo anteriormente”, algo que también dijo el ministro.

La reforma, en grandes cifras va a exigir a las entidades que hagan provisiones por valor de 52.000 millones de euros, 2.000 millones más de los inicialmente previstos. De Guindos justificó este incremento porque el cálculo inicial se había hecho con los balances de junio de 2011 y “ahora ya se conocen los de cierre del ejercicio”.

El objetivo de la reforma, reiteró De Guindos, es sanear al sector para que pueda recuperar la confianza perdida por parte de los mercados mayoristas y de esta forma pueda volver a fluir el crédito a la economía española.

El ministro hizo referencia en su intervención primera a la situación global de la economía europea y española destacando las malas cifras de crecimiento económico hechas públicas el miércoles por la Comisión Europea como en un intento más de presionar a la Unión Europea para que a partir de la próxima semana se modifiquen las exigencias de reducción del déficit público a la luz del deterioro de la actividad en toda la euro zona.

En todo caso, De Guindos no quiso hacer referencia a las informaciones surgidas en Bruselas sobre el mantenimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno anterior y que deberían ser respetados por el actual ejecutivo.

Tampoco quiso pronunciarse sobre el levantamiento de la prohibición de hacer operaciones a corto en los mercados bursátiles españoles y cuya primera consecuencia inmediata parece ser el fuerte revolcón que están sufriendo las cotizaciones de los principales bancos españoles. “La CNMV es una entidad independiente”, recordó el ministro quien añadió que “tendrá sus razones para haber levantado la prohibición y que en todo caso lo había hecho con una cierta coordinación con el resto de supervisores bursátiles europeos”.

Solo hubo dos fricciones en la discusión en el Pleno del Congreso de la convalidación del decreto ley. La primera la protagonizó el diputado de CiU, Josep Sánchez Llibre, quien mostró sus temores acerca de la posibilidad de que las antiguas cajas de ahorros que deban convertirse en fundaciones especiales dejen de ser competencia de las Comunidades Autónomas y pasen a depender del Banco de España. El diputado catalán le pidió al Gobierno que clarificara la cuestión mediante un nuevo decreto y Luis de Guindos se mostró de acuerdo en hacerlo.

El otro momento de fricción fue cuando representantes de los grupos minoritarios que votaron en contra de la reforma pidieron hacer uso de un turno de réplica que no fue concedido por el presidente del Congreso. Pero no pasó de una mera escaramuza. El Partido Popular puede estar contento con el respaldo conseguido aunque eso no le augura que vaya a ser igual en la siguiente: la reforma laboral. Más bien lo contrario.