Despedir barato no es suficiente. Hacen falta además inversiones que posibiliten a los trabajadores despedidos encontrar un trabajo rápidamente, según el diagnóstico lanzado hoy desde Bruselas. El rapapolvo al Gobierno español llega justo en el día en que se han conocido algunas de sus previsiones sobre contratación. En concreto, el Ejecutivo prevé bonificar en tres años unos 69.000 contratos para jóvenes y mayores de 45 años. Solo este año, la reforma laboral costará unos 230 millones de euros, según se desprende de su memoria económica. La mayor partida se va en bonificar reducciones de jornada y ERE.

El comisario europeo de Empleo, Lázslo Sandor, ha dado la “bienvenida” a la reforma laboral aunque ha lamentado la carencia de medidas que permitan recolocar a los trabajadores despedidos. “No es suficiente con mejorar la flexibilidad. También es importante invertir en formación profesional, un mejor funcionamiento de los servicios públicos de empleo y formación continua”, ha afirmado.

Con sus críticas, Sandor tocaba un tema que fue ya abordado por el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien el miércoles en el Congreso tildó la reforma de Rajoy de “flexi-inseguridad”. Ante el aumento del riesgo de ser despedido, el comisario europeo ha pedido hoy a España que refuerce la protección a los trabajadores. Esta protección se traduce en Europa en buenos sistemas de formación continua y de recolocación. Una tarea, ingente por lo demás, que falta en España, a juicio del comisario europeo Sandor.

Las únicas medidas en este sentido que prevé la reforma española se plasman en el decreto-ley. Aunque su contenido admite enmiendas, pocas novedades se esperan en este sentido. La instauración de un sistema de flexiseguridad requiere un gran esfuerzo presupuestario, según se vio en los países que abordaron la reforma la pasada década, como Alemania, Dinamarca y Holanda. En España, la reforma plantea que las empresas de trabajo temporal (ETT) puedan convertirse en agencias de colocación. Y que los trabajadores perciban al menos 20 horas anuales de formación, una cantidad tachada de “ridícula” en medios sindicales.

El Gobierno prevé bonificar 69.000 contratos en tres años

Por otro lado hoy se han conocido las previsiones del Gobierno en materia de contratación. Estos pronósticos se hallan recogidos en la memoria económica que acompaña al decreto-ley de la reforma laboral y que prevén un gasto de 230 millones de euros durante su primer año de vida. Falta por conocer los gastos que acarreará al Estado en forma de deducción fiscal, la puesta en marcha del contrato para empresas con menos de 50 trabajadores.

Pero sí figuran otras cifras, como los gastos en bonificaciones. El Gobierno calcula que unos 55.000 contratos de jóvenes obtendrán estas bonificaciones, con un coste de 19,64 millones de euros, el primer año; de 41,20, el segundo; y de 64,70, el tercero.

Además estas previsiones cifran en unos 13.000 beneficiarios los mayores de 45 años cuyos contratos disfrutarán de bonificaciones, con un coste total de 6,20 millones de euros. También prevé un gasto de 3,64 millones en transformar en fijos unos 11.000 contratos en prácticas, de relevo y de sustitución. Y otra partida de 146 millones que irá a subvencionar reducciones de jornada y ERE suspensivos de 141.000 trabajadores. De ellos, en torno a 28.000 personas, según las previsiones del Gobierno, terminarán finalmente en despidos, para lo cual se reservan 122 millones.

El Ejecutivo prevé compensar una parte de estos gastos –donde también se incluyen cerca de 7 millones por reducción de cuotas en contratos de formación y aprendizaje- con el pago de cuotas que pagarán al hacer horas extra los trabajadores contratados a tiempo parcial, una modalidad que se permite desde la entrada en vigor de la reforma.