La Fundación Bamberg, cuyo objetivo es la mejora de la gestión de la salud mediante el impulso de las tecnologías, organizó en enero la I Conferencia General sobre Sostenibilidad del Sistema Sanitario en España. Con las aportaciones de 40 profesionales del sector, expertos y políticos, ha elaborado un informe cuyo título es suficientemente expresivo: “Ideas para la reforma sanitaria”. Desde el planteamiento de que “la salud es un valor estratégico para un país”, porque “sin salud no es posible un adecuado progreso económico, ni científico, ni cultural” y porque “un país saludable se termina transformando en un país rico”, como señala el presidente de la Fundación Bamberg, Ignacio Para, se formulan 33 propuestas en una obra de 316 páginas. El modelo propuesto rechaza el copago (en realidad, repago, porque el ciudadano ya lo abona con sus impuestos) por acto médico.

El trabajo coordinado por el presidente de la Fundación Bamberg, Ignacio Para, parte de otras dos ideas. Que “la responsabilidad de las Administraciones Públicas es conseguir una población cada vez más saludable, y garantizar la efectividad de la atención a la salud de los ciudadanos por los provisores públicos o privados de los servicios sanitarios”. Y que “no hay sanidad pública o privada, hay una única sanidad, que debe ser transparente y estar regulada con el fin de garantizar que los servicios sean de la máxima calidad”.

Jesús Aguirre, portavoz de Sanidad del PP y uno de los autores que colaboran en este trabajo coordinado por la Fundación Bamberg, considera que, sobre el sistema sanitario español, “las decisiones no las pueden tomar los políticos sin tener en cuenta a los técnicos”·. Alberto de Rosa, director general de Ribera Salud (sociedad participada por la CAM y Bancaja y que cuenta con la gestión privada de varios hospitales públicos en la Comunidad Valenciana y en la de Madrid) y otro de los expertos que han participado en la obra, resalta que “nadie discute el modelo del sistema sanitario español, sí su gestión”.

Para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario en España, la Fundación Bamberg propone la financiación por el Estado, con cargo a los Presupuestos Generales, “de una cartera básica de servicios única para todos los españoles”. Debe crearse un “Ente Asegurador Estatal”, que determine la prima a pagar por esa cartera básica de servicios. Esa prima ha de calcularse “en función de las estructuras territoriales y sociodemográficas”, de forma que se puedan aplicar distintos baremos en función de cada área de salud en el territorio nacional. Y también debe “determinar los precios de interfacturación por servicios prestados a ciudadanos de un área de salud por un centro concertado no perteneciente a esa área”.

Junto al Ente Asegurador Estatal debe existir “la posibilidad de complementarse esa función con aseguradoras privadas que pudieran ofertar con primas más bajas o mayores prestaciones, de manera parecida a como ocurre ahora con Muface”.

La función de fijación de prestaciones, aseguramiento y fijación de tarifas “se hará en el seno del Consejo Interterritorial”, que debería tener carácter ejecutivo.

El modelo sanitario español debe garantizar la libre elección por parte de los ciudadanos de aseguradora, centros y profesionales en todo el territorio del Estado. Y debe plantear, según la Fundación Bamberg, “un nuevo papel del médico de familia como cogestor de la salud de sus pacientes”.

Agencia de Evaluación única y con los profesionales

Entre las 33 grandes propuestas formuladas por los expertos reunidos por la Fundación Bamberg figuran la refundición de toda la legislación sanitaria de las comunidades autónomas en una estatal, y la creación de una Agencia de Evaluación única para todo el Estado español y con la participación de los profesionales sanitarios. También, separar la financiación (que debe ser pública) de la provisión de los servicios sanitarios (que puede ser pública o privada). Y resolver el aseguramiento universal de todos los españoles (por ejemplo, cuando a un parado se le acaba la prestación por desempleo y ya no cotiza a la Seguridad Social).

Se sugiere “incentivar con desgravación fiscal el aseguramiento privado”. Y hacer una oferta público-privada de servicios sanitarios a los extranjeros, “cobrándolos a los particulares o a sus aseguradoras”, para evitar el denominado turismo sanitario. También, cambiar la orientación actual hacia los agudos por otra dirigida a los crónicos, porque el 77% del gasto sanitario se destina a combatir enfermedades crónicas.

Al mismo tiempo, se considera que los médicos, y los sanitarios en general, “que son la columna vertebral del sistema”, no deben ser funcionarios, incentivándolos en función de sus resultados. Y garantizando la necesaria participación de los médicos en la gestión de los centros sanitarios, sean éstos públicos o privados.