El portavoz socialista de Economía en el Congreso de los Diputados, Valeriano Gómez, ha acusado al ministro del ramo, Luis de Guindos, de generar «falsas expectativas» con su anuncio sobre la dación en pago, recordando que un código de buenas prácticas sólo incluye recomendaciones y no obligaciones, y reclamando una «legislación prudente» que, entre otras medidas, alargue los plazos para las ejecuciones hipotecarias y reduzca los intereses de demora.

En una rueda de prensa celebrada tras el Pleno, el exministro considera «muy inconveniente» que el Gobierno genere «falsas expectativas» en un momento en el que las ejecuciones hipotecarias han superado las 100.000 en el último año y «con un tono cada vez más ascendente».

«Un código de buenas practicas no obliga, son sólo simples recomendaciones y no podemos levantar falsas expectativas desde el Gobierno al conjunto de los clientes de las entidades financieras diciendo que será posible la dación en pago cuando el deudor incurra en desempleo», ha dicho.

Así, ha hecho referencia a las palabras de De Guindos, quien en respuesta a una interpelación de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha anunciado que se permitirá la dación en pago a las familias con todos sus miembros en paro y que no cuenten con ingresos adicionales para afrontar el pago de hipotecas, añadiendo que se redactará un código de buenas prácticas para los procedimientos de ejecución hipotecaria en el que se permitirá durante al menos dos años habitar a estas familias en la vivienda antes del desalojo.

«Por supuesto, nos parece un avance la posibilidad de hacer un código, pero muy insuficiente», ha dicho Gómez, reclamando así una «legislación prudente que respete y tenga en cuenta también la propia situación de las entidades financieras».

Propuesta socialista

En este sentido, el exministro de Trabajo ha perfilado algunas de las medidas que, a su juicio, deberían incluirse en dicha legislación, tales como «obligar» a las entidades financieras a «alcanzar acuerdos» con sus clientes para «reestructurar las condiciones de amortización del crédito» una vez se haya dejado de pagar.

Asimismo, ha reclamado que «las entidades que perciban ayudas públicas por los procesos de reestructuración bancarias tengan que asumir este código no sólo como recomendación sino como compromiso» y que se «reduzcan los intereses de demora, a todas luces excesivos,» que, según ha denunciado, «suelen multiplicar el valor del crédito» durante los dos o tres años que dura el proceso de ejecución hipotecaria, haciendo «impagable la deuda incluso después de haber entregado la vivienda».

En la misma línea, ha exigido fijar un «límite temporal mínimo» para el valor de tasación, criticando que los bancos valoren los pisos para dar las hipotecas y, poco tiempo después, reduzcan esa cifra, con lo que «cuando se acude a la subasta suelen poder quedarse con la vivienda a un precio que es un porcentaje del valor de tasación que ya ha sido reducido».

Por eso, ha pedido que se «regule el papel de las entidades tasadoras, que tienen una función muy importante y que no pueden depender de las propias entidades financieras cuya labor en el ámbito hipotecario están permanentemente evaluando»; y que se evite que «los intereses devenguen intereses» porque eso «contribuye a hacer prácticamente imposible saldar las deudas».

Gómez ha recordado finalmente que el pasado mes de diciembre el Grupo Parlamentario Socialista ya registró una proposición no de ley (PNL) en la Cámara baja para «estimular la dación en pago que cancele el conjunto del crédito hipotecario para deudores en situación de desempleo» sin «incurrir en un encarecimiento a futuro» de las hipotecas y para «evitar que esta situación vuelva a producirse en el futuro».