En la misma línea que otros directivos del sector y como él ha venido sosteniendo en intervenciones recientes, Ignacio S. Galán, presidente de Iberdrola, ha puesto de manifiesto que las empresas eléctricas se enfrentan a una etapa clave para su futuro. Clave porque el efecto de la crisis económica no ha concluido y porque el Gobierno prepara una nueva regulación que puede reducir los riesgos y los fuertes desajustes que se producen desde hace años. No quiso aventurar los efectos de posibles medidas del Ejecutivo en Iberdrola y en otras compañías -como una eventual quita en el déficit tarifario o tasas añadidas para las centrales nucleares o hidráulicas-, ya que confía en un Gobierno «que está reaccionando rápido» y que se ha comprometido a actuar con equidad.

No obstante, reiteró que tanto las cuentas de su grupo como los «agujeros» crecientes del sector eléctrico se deben básicamente a factores exógenos que pesan sobre los ingresos y la rentabilidad de los activos. Y el primero, las primas a las energías renovables, especialmente las termosolares a las que hay que pagar 332 euros por megavatio hora, frente a los 70 euros de la eólica o los 61  euros de media del pool (ciclos combinados, nuclear, carbón e hidráulica). En su opinión, una de las primeras medidas adoptadas por el ministerio de Industria, por la que se fija una moratoria a  las primas para las nuevas centrales de energías renovables, «va en la buena dirección», pero es insuficiente.

Como otros ejecutivos eléctricos se decantó a favor de un plan más contundente como la paralización de  la construcción de termosolares, el reparto de los costes de las renovables entre todos los operadores del sistema (lo que afectaría a ACS y Abengoa, entre otras empresas), así como la financiación compartida del déficit de tarifa futuro. En total, al sector le ha costado esa financiación, o actuar como bancos forzados, del orden de los 1.000 millones de euros. Aportó otros datos para dar base a su discurso sobre los desequilibrios no solucionados: las primas comprometidas para las centrales de energías renovables suman una cifra más elevada que el conjunto de la capitalización bursátil de las eléctricas.

Concluyó que si se materializan estas medidas, como el parón de las termosolares, aunque ya estén preasignadas, y se introduce más racionalidad económica, la factura eléctrica y las tarifas pueden incluso bajar. «La mitad de lo que pagamos está relacionado con decisiones políticas que han  hecho más costosa la electricidad y no con los kilovatios que consumimos o las instalaciones que los generan y transportan», añadió.

Galán advirtió que si 2011 fue un año difícil, el ejercicio actual sigue presentando condiciones adversas en un entorno peor de lo previsto, lo que obliga a mantener el freno a una parte de las inversiones. Con todo, de momento mantienen la previsión de subida del resultado bruto de explotación en el entorno del 5% para el periodo 2010-2012 (la parte baja del rango). También mantendrá, al menos, la política de retribución al accionista. Se propondrá a la junta el abono de un dividendo con cargo a los resultados de 2011 de 0,326 euros por título, igual que en 2010. Por otro lado,  ha decidido congelar la retribución fija de su consejo de administración para 2012, como viene haciendo desde 2008. El consejo de administración recibió 10,7 millones de euros en 2011, con un recorte del 3,2%.

Iberdrola registró un beneficio neto de 2.805 millones de euros en 2011, lo que supone un descenso del 2,3% respecto al ejercicio anterior y es consecuencia, entre otros aspectos, de los saneamientos realizados en el balance, por importe de 402 millones de euros. La compañía explica, asimismo, que ha logrado menores atípicos en el periodo, que descendieron en 133 millones de euros.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en 7.650,5 millones de euros, el mayor logrado en la historia de la compañía y un 1,6% más que el año anterior. La compañía ha realizado inversiones por 8.190 millones de euros, de los cuales 4.002 millones corresponden a inversiones orgánicas, con un 44% destinado al negocio regulado, un 39% a renovables, un 12% al negocio liberalizado y un 5% a otras áreas.