Es de justicia reconocer el mérito del exsecretario general de Comisiones Obreras de Cataluña y actual diputado de IU-ICV, Joan Coscubiella, por arrancar al ministro de Economía, Luis de Guindos, el compromiso de frenar los desahucios y desalojos de las viviendas de las personas hipotecadas que, por haber perdido el empleo y carecer de otras rentas, están siendo arrojadas de sus casas. También es de justicia reconocer la sensibilidad del Gobierno en esta materia.

Desde que comenzó la crisis económica hasta finales del año pasado se han registrado 328.000 procedimientos de ejecución hipotecaria. En cuatro años se han producido más de 151.000 procesos de desahucio que han dejado en la calle a miles de familias. A pesar de las movilizaciones, de las acciones de los indignados contra los desalojos, de las marchas y manifestaciones multitudinarias en las principales ciudades del país, este drama humano no había merecido hasta ahora la atención del Gobierno.

“¿Se imaginan ustedes –preguntó el miércoles Coscubiella en el pleno del Congreso– qué sucedería si más de 150.000 personas tuvieran que abandonar su vivienda como consecuencia de una catástrofe humanitaria? Por supuesto que sí: todo el país, empezando por el Gobierno, se volcaría en su ayuda”. La descripción del veterano sindicalista, que ahora se sienta junto a Cayo Lara, Gaspar Llamazares, José Luis Centella y otros compañeros de indudable valía política, no ahorró el hecho de que, según la Plataforma de Afectadas por las Hipotecas, el sistema financiero habría obtenido unos 30.000 millones de euros de beneficio con un sistema de ejecución hipotecaria que no admite la “dación en pago” y es injusto para los desahuciados.

Pero ahora las cosas van a cambiar, o, al menos, eso quiere el Gobierno. En  primer lugar, los expertos de Economía y de Justicia, coordinados por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, han abordado el asunto y propondrán soluciones legislativas y pedirán a la banca que asuma un “código de buenas prácticas” que el Gobierno se dispone a aprobar en un próximo Consejo de Ministros.

En primer lugar se definirán las situaciones humanas –renta, desempleo, patrimonio– de las personas a proteger y se tendrá en cuenta que su vivienda sea la habitual. En segundo lugar, se mejorarán los procedimientos de ejecución de las garantías hipotecarias. Lo deseable es que, de llegar a la ejecución hipotecaria, el precio que se obtenga por la vivienda embargada sea el más alto posible. Tradicionalmente eso ocurría así, pero el estallido de la burbuja inmobiliaria ha hecho que los precios sean insuficientes para redimir la hipoteca. Por otra parte, el mercado no es muy transparente que digamos. En este sentido, De Guindos quiere fomentar “las ejecuciones extrajudiciales, principalmente notariales”.

En tercer lugar, se creará una base de datos de ejecuciones de ámbito estatal y se posibilitarán las subastas on line. Y, en cuarto lugar, se modificará la normativa para “atenuar los intereses moratorios” a aquellas familias en riesgo de exclusión social. “Estoy de acuerdo con usted –dijo el ministro a Coscubiella– en que son claramente abusivos y hay margen legal para moderarlos”.

Más allá de esas modificaciones, el titular de Economía va a proponer un “código de buenas prácticas” que favorecerá la imputación de las cantidades pagadas al capital prestado y no, como ahora ocurre, al pago de los intereses en primer lugar. Se trata de que, al menos, se reduzca el capital pendiente en la misma proporción que los intereses. También en el caso de las ejecuciones hipotecarias se producen unos gastos elevados que se restan al dinero que se obtiene por la venta o subasta de la vivienda embargada. “Se trata de modificar este apartado” para no perjudicar más a las familias desahuciadas, dice el ministro.

Dentro de ese código de buenas prácticas se incluirá la posibilidad de que la entidad de crédito asuma “parte del riesgo” en caso de que las garantías exigidas para la concesión de la hipoteca hayan sido insuficientes. “Si un banco ha aceptado una garantía valorada en 100 para avalar una obligación de 80 y posteriormente la ejecución de esa garantía lleva a 50, debe existir un mecanismo para que la entidad de crédito asuma su error y reconozca que ha habido incluso alguna situación de no demasiado buena voluntad”. Dicho de otro modo: que el desfase entre la tasación y el valor real no recaiga exclusivamente sobre el hipotecado.

Pero, además, el “código de buenas prácticas” contemplará “la dación en pago como medio liberatorio de la deuda” para las personas y familias en riesgo de exclusión. Esta es, precisamente, una de las principales reivindicaciones de los miles de desahuciados. Aunque la “dación en pago” supone una “excepción” del principio de responsabilidad patrimonial universal, la “triste realidad” es que, para decenas de miles de personas, la vivienda que les quitan es su único bien y “exigirles más allá de su única propiedad parece a todas luces excesivo”, reconoce De Guindos.

El nuevo código contemplará además “un periodo de carencia para el desalojo de la vivienda” para que, según el ministro, aquellos deudores que han pagado buena parte de la hipoteca y han perdido la vivienda puedan al menos durante un tiempo, que De Guindos cifró en dos años, seguir habitando en ella y prorrogar después la residencia mediante el pago de una renta al banco o entidad financiera que se pudiera considerar justo y adecuado.

Aunque la aplicación del código depende de la buena voluntad de cada entidad y la “dación en pago” requerirá mucha cautela para no endurecer las condiciones de las nuevas hipotecas, es lo cierto que tanto el Gobierno como la izquierda parlamentaria las consideran de justicia. “Uno puede perder su empleo, y es tremendo, pero no hay peor sensación que perder la propia casa, eso me parece una situación límite; por lo tanto no se llevará a cabo ningún desalojo hasta un tiempo prudencial de dos años”, reiteró el ministro.