El Gobierno acordó el pasado viernes 17 los Decretos de Estructura Organizativa básica del Ministerio de Sanidad. Esta decisión, que forma parte de las medidas de austeridad puestas en marcha por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para el cumplimiento de déficit, tiene como objetivo racionalizar el funcionamiento ministerial y reducir los altos cargos, con el objetivo de disminuir el gasto.

Las modificaciones acordadas fueron, entre otras, en la Secretaría General de Sanidad y Consumo.  Se elimina la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud, mientras que la hasta ahora Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) integrará la parte de Consumo y pasará a llamarse Agencia de Consumo y Seguridad Alimentaria.

En concreto, la Secretaría General, a cargo de Pilar Farjas, asume directamente la presidencia del Instituto Nacional del Consumo (INC) y la AESAN. De esta forma, el Gobierno unifica ambos organismos en uno.  Estos ajustes se suman a los ya realizados el año pasado cuando el 31 de diciembre el BOE recogía la supresión de la Secretaría General de Política Social y Consumo y la Dirección General de Consumo.

Para FACUA-Consumidores en Acción estos recortes en las políticas de consumo no harán más que disminuir la protección y los derechos de los usuarios, según ha señalado para diarioabierto.es

FACUA muestra su preocupación por la eliminación de la Dirección General de Consumo en el seno del Ministerio y la integración del Instituto Nacional del Consumo, un organismo autónomo con más de tres décadas de historia, en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

La organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, considera que la conversión del INC en un mero apéndice de la AESAN supone una muestra de la falta de interés del Gobierno de Mariano Rajoy por la protección de los consumidores. Asimismo considera que el Ejecutivo en lugar de «priorizar más que nunca las políticas de defensa de los consumidores» está haciendo lo contrario.

FACUA advierte que precisamente en esta época de crisis económica, debería priorizarse más que nunca las políticas de defensa de los consumidores, dada la creciente agresividad de los fraudes que se producen. La organización cree que con estos cambios estructurales se deja abierta la puerta a los empresarios para que cometan más excesos sin control.