El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley para la creación de una Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que centralizará las tareas del actuales organismos supervisores a excepción de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Dirección General de Seguros y el Banco de España, que afectan al mercado financiero.

En rueda de prensa, la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha indicado que esta medida permitirá «evitar duplicidades, contradicciones en los informes, pérdidas de seguridad jurídica y desprotección del mercado y de los consumidores».

Según ha explicado, originalmente operaban la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), a las que se sumó en 2007 la Comisión Nacional del Sector Postal (CNSP).

Tras la puesta en marcha de la Ley de Economía Sostenible, estos organismos, que en su opinión deben llamarse «supervisores» más que «reguladores», prácticamente se duplicaron con la incorporación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria, el Comité de Regulación Ferroviaria.

«Buscamos transformar toda esta pluralidad en un único supervisor de estos mercados y de la competencia para incrementar la independencia, fortalecer la profesionalizar y ganar en competitividad y eficiencia», ha dicho.

Tendrá nueve miembros

En materia de independencia, la ministra portavoz del Gobierno ha explicado que la nueva Comisión contará con nueve miembros que serán propuestos por el Gobierno y que se someterán a una entrevista en el Congreso de los Diputados, que podrá vetarlos por mayoría absoluta.

Según ha señalado, hasta ahora los miembros de estos organismos eran nombrados por el Gobierno, salvo en el caso del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, antes de pasar una entrevista en el Congreso que apenas tenía trascendencia.

El mandato de los miembros de la Comisión tendrá una duración de seis años con renovaciones parciales y presidencia rotatoria. Además, el nuevo organismo estará adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad y tendrá su sede en Madrid, pero existirá la posibilidad de establecer subsedes.

Se ahorrarán 4 millones en sueldos

Asimismo, ha señalado que con esta medida se reducirá de 52 a 9 el número de consejeros, lo que permitirá un «importante ahorro para las arcas públicas», que en sueldos y retribuciones cifró en 4 millones de euros.

«Imaginen esa cifra cómo se elevará cuando se racionalicen las sedes y las distintas actividades», indicó para añadir que «indudablemente va a haber un ahorro en sedes en el ámbito nacional, por cuanto ahora hay 8 sedes».

No obstante, ha admitido que, al crearse un organismo mayor, el propio anteproyecto de Ley prevé la constitución de subsedes fuera de Madrid, según el volumen de actividad en los diferentes territorios.

El anteproyecto de ley será ahora remitido a las autoridades supervisoras para su informe y a las instituciones competentes en materia de consumidores y usuarios.