Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta indicó que se trata de poner «orden» y de conocer la cuantía de la deuda por facturas pendientes y que las administraciones públicas se sometan a un plan de viabilidad para cumplir con estas obligaciones, como paso previo para aprobar el mecanismo financiero que garantice a pymes y autónomos el cobro de dichas deudas.

Junto con ello, adelantó una modificación «temporal y puntual» de la normativa para permitir el establecimiento de garantías del Estado para hacer frente al pago de las deudas con los proveedores.

Una vez se den estos pasos, la vicepresidenta dijo que se establecerá el mecanismo financiero que se pondrá en marcha para hacer frente a estos pagos, mecanismo que no concretó, como tampoco la cifra que baraja el Gobierno sobre a cuánto asciende la deuda comercial de las administraciones públicas.