EL PSOE anunció este viernes que presentará un recurso contra la reforma laboral por entender que vulnera la Constitución. Los socialistas consideran que hay tres aspectos de la reforma que vulneran la Constitución. El período de prueba obligatorio en nuevos contratos de formación. El poder otorgado al empresario a la hora de variar el salario y otras condiciones de forma unilateral. Y, por último, el arbitraje obligatorio. Los exministros de Trabajo, Valeriano Gómez, y de Justicia, Francisco Caamaño, trabajan ya en el recurso que el PSOE presentará en caso de que el PP se niegue a retirar o modificar la ley.

En cuanto a los nuevos contratos de formación, el PSOE considera que un año de prueba resulta un período abusivo. “Significa que el empresario tiene 365 días para despedir sin causa justificada y sin indemnización”, explicó la portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez. Tan extenso período de prueba vulnera, a su entender, el artículo 35 de la Constitución, que exige que los despidos se ajusten a una causa justa y definida. También contraviene, añade, los acuerdos con la OIT, Organización Internacional del Trabajo, firmados por España y que obligan a que la determinación del plazo de prueba sea razonable y negociada, no obligatorio.

Los exministros socialistas intentarán además recortar el poder otorgado al empresario a la hora de reducir salarios. La reforma posibilita que puedan hacerlo unilateralmente y con solo siete días de preaviso. “Al trabajador solo le quedan dos opciones: aceptar la rebaja de salario o irse”, afirman. Este cambio, al igual que el del resto de condiciones de trabajo, es “claramente inconstitucional”, en su opinión. De la misma forma, continúan, que el arbitraje obligatorio, que fue ya declarado inconstitucional en 1981. Una obligatoriedad que, según el PSOE, vulnera “la tutela judicial efectiva”.

Aumentará la litigiosidad, según un juez

Por otro lado, un juez del Tribunal Supremo auguró este viernes que la reforma laboral aprobada por el Gobierno traerá como resultado un aumento de la litigiosidad. Así, el magistrado de la Sala de lo Social del Alto Tribunal, José María López García de la Serrana, cree que, por otro lado, la norma no deja “claras” las causas por las cuales un empresario podrá acogerse al despido procedente, más barato, con solo 20 días de inmdenización.

López García de la Serrana desconfía además de los trucos de contabilidad que puedan acometer las empresa, obligadas a demostrar tres trimestres seguidos de pérdidas para poder despedir por esta vía. En su opinión, presentar las cuentas auditadas y la firma de un perito facilitará a las empresas que se admitan sus despidos de forma procedente.

Si la empresa que despide pertenece a un grupo empresarial, el magistrado cree que se tomará como referencia la contabilidad del grupo, siempre que ambas compañías compartan actividad. Por el contrario, si se dedican a negocios distintos, se analizarán las cuentas de la empresa en sí, según dijo el magistrado, en unas jornadas organizadas por PWC.