La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado considera que el régimen de estimación objetiva o módulos requiere una reforma «urgente y en profundidad» y, en concreto, piden que se adecue este régimen al principio de capacidad económica y la exclusión del mismo de aquellas actividades que facturan a otros profesionales y empresarios para limitar y reducir al mínimo la emisión de facturas falsas.

Los inspectores dicen que es necesario que el régimen de módulos se aplique exclusivamente a los contribuyentes que realicen actividades agrícolas o económicas cuando, al menos, el 80% del valor de los bienes entregados o servicios prestados se destinen a contribuyentes sin derecho a ninguna deducción o beneficio tributario por tales adquisiciones. En concreto, proponen la reducción del límite de facturación a los contribuyentes que realicen actividades agrícolas o económicas desde los actuales 300.000 o 450.000 euros, respectivamente, a 100.000 euros en ambos casos. Según los inspectores, una empresa que factura más de 100.000 euros puede disponer de una asesoría mínima o adquirir un programa informático contable básico.

Igualmente, apuestan por reducir la facturación soportada a 50.000 euros, que es indicativa de la capacidad económica para llevar algún tipo de contabilidad, así como la exclusión del régimen de estimación objetiva a aquellas actividades en las que se detecta que existe un volumen relevante de facturación irregular, como es el caso de la albañilería o el transporte de mercancías, entre otros. El establecimiento de límites específicos en aquellas actividades que tributen de forma irregular para que estos empresarios solo puedan tributar en módulos si su facturación a empresarios y profesionales fuera mínima o irrelevante (por debajo del 20% de su facturación total) es otra de las demandas del colectivo.

Los inspectores de Hacienda del Estado han manifestado en reiteradas ocasiones que la tributación por módulos se creó por la dificultad de controlar totalmente las ventas minoristas de un elevado número de contribuyentes, así como por la dificultad que entraña tener que exigir a determinados empresarios, sobre todo pequeños, algunas obligaciones contables y libros registro.

Facturas falsas

Sin embargo, alertan de que este régimen ha facilitado la proliferación de facturas falsas, situación que se ha incrementado por la actual crisis económica, por lo que esta modalidad de fraude ha tenido un «efecto multiplicador» tanto en los impuestos directos (IRPF e Impuesto de Sociedades) como en el IVA.

En este régimen, explican los inspectores, el cálculo de los beneficios y del IVA a ingresar por el empresario no está relacionado con su facturación. Esto implica que si emite facturas falsas no le ocasiona mayores pagos a Hacienda y, por el contrario, éstas podrían deducirse por otros empresarios.

Aunque los inspectores de Hacienda «no dudan de la honestidad de la mayoría de los empresarios que tributan en este régimen», indican que la tributación media por IRPF e IVA de un empresario en módulos no excede de 10.000 euros. Además, añaden que un sólo emisor de facturas falsas ocasiona un ‘ahorro fiscal‘ a otros empresarios desaprensivos del 30% en el Impuesto de Sociedades, y del 18% en el IVA. Esto significa que un sólo emisor de facturas falsas, en el límite de 450.000 euros, puede ocasionar un quebranto a las arcas públicas del 48% (216.000 euros), más de 20 veces la cantidad ingresada por cada empresario honesto en el régimen de módulos.

Por ello, la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda espera, por tanto, que estos problemas que plantea el régimen de módulos sean tratados por el Gobierno en el marco de las anunciadas medidas de lucha contra el fraude fiscal.

El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, ha anunciado recientemente que su departamento trabaja en una reforma del régimen de módulos, introduciendo una bonificación del 5% y flexibilizando su aplicación al permitir que, en caso de renuncia o exclusión de este sistema de tributación, se pueda regresar al mismo sin necesidad de esperar 3 años.

Inspectores de Hacienda del Estado no dudan de que estas «simples modificaciones» pueden tener un reflejo positivo en la competitividad de estos empresarios, que verían reducidas sus cargas fiscales, pero creen que estas medidas son «insuficientes» para evitar que esta figura se utilice «de forma inconveniente y con fines distintos» para los que fue concebido.