El titular de Hacienda ha protagonizado una conferencia de prensa que podría haberse limitado a una comparecencia sin preguntas porque todas aquellas que no se referían exclusivamente al avance del cierre presupuestario del ejercicio pasado quedaron sin responder. Y fueron numerosas.

Pero Cristóbal Montoro tenía claro qué quería trasmitir a la opinión pública: que el desajuste presupuestario español ha sido descomunal hasta diciembre de 2011 y que el nuevo Gobierno está comprometido con la estabilidad presupuestaria y la reducción del déficit, independientemente de quien lo genere. Y por eso, nada más llegar al Gobierno se decidió un ajuste de reducción de gastos de 9.000 millones de euros en el Estado y una subida de impuestos de 6.000 millones de euros adicionales.

En términos de Contabilidad Nacional todas las administraciones públicas acabaron en déficit el año pasado de forma que el conjunto supone el 8,51% del PIB, dos puntos y medio más de lo previsto. El Estado tuvo una desviación sobre el objetivo de tres décimas, las comunidades autónomas de 1,64 puntos, las corporaciones locales de ocho centésimas de punto y la Seguridad Social de casi medio punto.

Montoro no quiso responsabilizar a ninguna administración de la desviación habida, aunque la de las comunidades autónomas ha sido especialmente significativa y representa más de la mitad del total, afirmando que se trata de un problema de España, de todas las administraciones. No obstante, cuando se le preguntó sobre la desviación de las CCAA dejó caer que una parte de la misma se debía a que el Gobierno Central no había cumplido los compromisos de financiación autonómica y que se habían hecho previsiones erróneas sobre el crecimiento económico que habían originado desviaciones en los ingresos significativas. Pero en todo caso se negó a descender a detalles que podrían haber explicado de forma más clara sus afirmaciones.

Fue muy contundente al señalar que es “imposible que se inflen las cifras de déficit”, como se había rumoreado recientemente en Bruselas, “porque las estadísticas españolas son de primer nivel en Europa”, aunque no explicó cómo es posible que, con esas mismas estadísticas, el interventor general del Estado afirmara en noviembre último que el Estado cumpliría con el compromiso de reducción del déficit público y que tres meses después se haya comprobado que ha habido una desviación, solo en la parte del Estado, de casi 3.000 millones de euros.

“Al Gobierno”, dijo el ministro, “le preocupan todas las desviaciones habidas” y sobre todo el hecho de que de un año para otro, entre 2010 y 2011, no haya habido ningún tipo de ajuste en lo que se refiere al déficit de las Comunidades Autónomas. Unas han mejorado y otras han empeorado, señaló, pero lo cierto es que en los dos años el déficit de todas ellas ha sido el mismo: el 2,94% del PIB, cuando en el año pasado debió ser sustancialmente menor. “Se trata de algo tendencial”, dijo, que hay que corregir.

Por eso repitió una y otra vez que se trata de un problema de país porque hay que lograr que la sociedad en su conjunto acepte que es necesaria la estabilidad presupuestaria como primer paso para salir de la crisis y eso se consigue, afirmó, “con unos servicios públicos financiados sin déficit”. Montoro dijo también estar muy preocupado por el déficit de la Seguridad Social ya que afecta totalmente al sistema público de pensiones.

Aunque se le preguntó en numerosas ocasiones si la nueva cifra de déficit sería un elemento más para convencer a Bruselas de que debe admitir una mayor flexibilidad a la hora de que la economía española reduzca el déficit, Montoro se negó a contestar directamente a la cuestión afirmando que “la palabra flexibilidad está prohibida” y que de lo que se trata es de “promover la estabilidad presupuestaria cuanto antes caminando por una senda creíble” y no “utilizar subterfugios o previsiones irreales”.