La CNMV expedienta a 4 entidades por la comercialización de participaciones preferentes

28/02/2012

Salvador Arancibia. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha abierto expediente sancionador a cuatro entidades financieras por posibles irregularidades en la comercialización de participaciones preferentes entre inversores particulares. En la actualidad hay en circulación participaciones por valor de 11.300 millones de euros.

Un total de 18 entidades financieras han emitido en algún momento participaciones preferentes destinadas a los inversores minoristas y en cuatro de ellas los técnicos de la CNMV han descubierto posibles irregularidades en su comercialización lo suficientemente importantes como para haber iniciado un expediente sancionador a dichas entidades. Si las infracciones fueran graves o muy graves podrían ser multadas con hasta el 5% de los recursos propios de dichas entidades.

Bancos y cajas de ahorros utilizaron en los últimos años, hasta 2010, la emisión de participaciones preferentes como una fórmula más de captar recursos que computaran como capital y para ello recurrieron primero a los inversores institucionales y luego a los particulares ofreciéndoles remuneraciones competitivas que compensaran el riesgo que se corría al ser un producto perpetuo y con posibilidad de que no se pagara el dividendo pactado si no tenían beneficios.

En un primer momento, señalan en la CNMV, las emisiones iban dirigidas indistintamente a inversores institucionales y a particulares y, aunque tenían un  carácter de perpetuas, existía un mercado en el que el precio de la transacción no difería en exceso del nominal contratado. Por tanto, los inversores que lo quisieran podían rescatar su dinero en cualquier momento sin grave riesgo.

Pero, como consecuencia de la crisis financiera, y de la desconfianza de los inversores institucionales sobre las entidades financieras, aquellos empezaron a retirarse de este tipo de inversión y bancos y cajas volvieron su mirada de forma casi única hacia los inversores privados y, sobre todo, los clientes de depósitos a plazo de sus propias entidades.

Ante este cambio de orientación la CNMV recomendó en un primer momento que cualquier emisión de preferentes tuviera un mínimo del 10% destinado a institucionales, entendiendo que de esta manera se formaba un precio más objetivo,  pero ante la constatación de que eso no ocurría exigió luego que las emisiones que fueran destinadas exclusivamente a particulares contaran con un informe de valoración de un experto independiente.

Unas cifras bastan para hacerse una idea de ese cambio. En mayo de 2011 había participaciones preferentes en manos de inversores particulares por valor de 22.374 millones de euros. En este momento hay  11.300 millones de euros en manos de inversores privados y solamente 1.238 millones de euros en manos de inversores institucionales, es decir menos del 10% del total.

La causa del fuerte descenso del saldo vivo en manos particulares se debe, principalmente, a que las autoridades supervisoras europeas han dejado de considerar a las participaciones preferentes como capital de máxima calidad y ello ha obligado a bancos y cajas, antes los mayores requerimientos de capital, a tratar de cambiar las preferentes por otros productos que si computen a efectos de capital. La Caixa, BBVA, Santander y Sabadell han sido las entidades que han amortizado prácticamente todas sus emisiones a particulares ofreciendo a cambio bien acciones ordinarias, bien otros instrumentos convertibles en acciones u obligaciones reconociendo en buena parte de las operaciones el 100% del nominal suscrito en su día en las preferentes.

El precio en el mercado secundario de preferentes se ha visto presionado a la baja al retirarse del mismo los inversores institucionales y al producirse, además, alguna decisión de impago de los intereses pactados por haber entrado algunas entidades en pérdidas. De hecho, el mercado secundario de preferentes ha estado prácticamente ‘seco’ por el derrumbe de los precios.

La CNMV señala que en estas operaciones de canje ha velado porque el  nuevo instrumento ofrecido fuera menos complejo que las preferentes y tuviera una liquidez mayor al existir un mercado más profundo.  La práctica totalidad de los inversores particulares han acudido al canje propuesto por las cuatro entidades que ya lo han hecho.

Quedan por tanto, 14 bancos o cajas de ahorros que siguen teniendo en su balance participaciones preferentes. De ellas, tres ya han anunciado su intención de proponer una operación similar a las ya realizadas. Se trata de Bankia, el segundo emisor con 3.888 millones de euros de los que quiere canjear en una primera operación  un total de 1.277 millones de euros, y de Banco Popular y Banco Pastor (absorbido por el primero) que totalizan 1.128 millones de euros y que ofrecerán canjearlos totalmente.

Algunas de las otras 11 entidades que emitieron preferentes han manifestado a la CNMV su interés por encontrar algún camino que les permita también sustituirlas en su balance por otros productos pero existen dificultades no menores para conseguirlo. En primer lugar, porque no todas ellas cotizan en bolsa y eso dificulta encontrar un producto adecuado que pueda interesar a los inversores porque proporcione liquidez.

Además, los bancos de las cajas intervenidas (CAM, CatalunyaCaixa, Nova CaixaGalicia y Unnim) por el FROB, que en total suman 3.866 millones de euros en preferentes, se enfrentan a mayores problemas dada su debilidad. La CAM, que fue adjudicada al Sabadell, no pagó los últimos intereses por estar en pérdidas y ahora será el nuevo propietario quien negocie qué hacer con ese producto. Unnim, que está a punto de ser adjudicada en subasta por el Banco de España, ha anunciado que al estar también en pérdidas suspende el pago de los intereses de sus emisiones.

En la CNMV afirman estar tranquilos sobre su actuación porque, en su opinión, siempre han velado porque los inversores particulares pudieran y tuvieran que recibir la información suficiente sobre las características de las emisiones de preferentes y porque habrían puesto los controles suficientes para que ello se cumpliera. Al menos, para detectar posibles incumplimientos en la comercialización como así los atestiguarían los cuatro expedientes abiertos a otras tantas entidades. En cualquier caso no deja de ser preocupante que algo más de una de cada cinco entidades puedan haber cometido irregularidades tan evidentes como para abrir un expediente sancionador.

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