El Gobierno admite que la reforma laboral puede disparar el número de despidos

28/02/2012

Luis Martínez. El ministerio de Empleo prosigue con el plan que obligará a los parados a realizar trabajos para la comunidad, según la ‘número dos’ del departamento, Engracia Hidalgo.

El ministerio de Empleo admitió este miércoles que la reforma laboral puede provocar a corto plazo un aumento en los despidos, aunque apostó por que la reforma ofrecerá resultados positivos. “Sería un drama”, aventuró la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, quien matizó que el crecimiento en el número de despidos sería “a cortísimo plazo”, aunque evitó precisar cuándo producirá efectos la reforma en la creación de empleo.

En todo caso, la reforma no resolverá la dualidad entre contratos temporales e indefinidos, admitió la ‘número dos’ del ministerio, durante unas jornadas organizadas por la Asociación de Periodistas de Información Económica, APIE, en las que también participó el economista de FEDEA, Juan José Dolado –uno de los promotores del ‘contrato único’, que pretendía acabar con esa dualidad-, y el abogado del  Enst&Young, Raúl García.

Hidalgo reconoció que el Gobierno no ha querido frenar la contratación temporal y justificó la decisión en la necesidad de crear empleo. Más de un 90 por ciento de los contratos temporales en España no se ajustan a la ley, según afirmó García. Por su parte, el economista de Fedea anticipó que la reforma se limitará a reducir la temporalidad oficial, sin atacar sus causas.

El Gobierno sigue adelante con la idea de que los parados realicen trabajos sociales si están cobrando una “prestación”, afirmó Hidalgo. La secretaria de Estado rechazó, sin embargo, que estas tareas tengan carácter laboral. “No se trata de trabajos, sino de acompañamientos, apoyos”, aseguró, tras recordar que esta figura ya se aplica, sin polémicas, en algunos ayuntamientos y comunidades autónomas.

Además, el ministerio pretende desarrollar rápidamente las agencias de colocación privadas. En este momento desarrolla un modelo de convenio de colaboración junto a las autonomías para facilitar cuanto antes la entradas de las empresas de trabajo temporal (ETT) en el negocio de la colocación de desempleados, un servicio desarrollado hasta ahora en exclusiva por el antiguo INEM.

Aumentará la litigiosidad

Los cambios en el despido hacen temer que las relaciones laborales sufran una mayor judicialización. Así, García anticipó un aumento en el número de despidos colectivos que acabará en el juzgado. “Se ha suprimido la autorización administrativa pero a cambio se someterán a la revisión de los jueces”, dijo.  En su opinión, “continúa sin haber una definición de las causas”, a pesar de los cambios legales, donde se abre la vía del despido colectivo a las empresas que vean disminuir sus ingresos durante tres trimestres seguidos.

Por su parte, Dolado mostró que la mayor transformación vendrá de la mano de las modificaciones en la negociación colectiva. El economista, tachado de liberal por sus detractores, confía en que a partir de ahora las empresas puedan echar el freno rebajando salarios y cambiando jornadas y otras condiciones, en lugar de recurrir al despido. Cree, sin embargo, que las ‘pymes’ tendrán muy difícil el descuelgue del convenio colectivo.

Dolado reconoce que la reforma está muy orientada hacia los empresarios. Por ello, considera que, si fracasa, la CEOE “no podrá decir nada en mucho tiempo”, sentenció.

Además, García expresó sus dudas sobre la constitucionalidad de algunos artículos de la reforma, como el período de prueba de un año que prevé el nuevo contrato de formación, unas dudas que extendió a la figura del arbitraje obligatorio, en caso de desacuerdo en un convenio.

García hizo un llamamiento para “no utilizar políticamente la reforma” y criticó por este motivo al PSOE, el partido en el Gobierno hasta 2011 y que ahora censura el arbitraje obligatorio, una figura que se introdujo, dijo, precisamente por el PSOE, ya en 2010.

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