La agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s (S&P) ha rebajado los ‘ratings’ de largo y corto plazo de la Comunidad Valenciana debido a la existencia de «incertidumbres» sobre el apoyo del Gobierno central a la hora de atender su deuda, hasta situarlos por debajo del umbral del grado de inversión.

En concreto, la calificación de largo plazo pasa de ‘BBB-‘ a ‘BB’ –segundo nivel dentro del grado especulativo o de no inversión– y la de corto de ‘A-3’ a ‘B’ –tercer nivel, un escalón más negativo que la anterior–. En el primer caso, advierte de que se enfrenta a una gran incertidumbre ante condiciones económicas adversas y en el segundo, que es aún más vulnerable aunque «tiene capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras».

Ambas se mantienen en vigilancia negativa –donde se situaron el 19 de diciembre– por la posibilidad de acometer una nueva rebaja si consideran que el Gobierno «es menos capaz, en el largo plazo, de ayudar a las regiones a corregir sus desequilibrios» o si el Consell «no cumpla estrictamente con las condiciones establecidas por el Gobierno» para recibir ese apoyo, dado su «reciente historial de desviaciones con los objetivos fiscales oficiales«.

En su opinión, la Comunidad «tiene un perfil crediticio debilitado, con altos déficits fiscales, una alta carga de deuda y acceso limitado a la financiación externa más allá de la asistencia financiera» del Ejecutivo estatal.

S&P augura que la línea creada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para atender vencimientos «no podrá cubrir el servicio de la deuda hasta junio» de modo que «serán necesarias medidas de apoyo gubernamental adicionales, todavía indefinidas», y sostiene que esa situación «no es compatible» con mantener la calificación de la Comunidad en categoría de inversión por su «débil perfil crediticio».

De hecho, argumenta que el «deteriorado perfil de crédito individual» de la Comunidad únicamente podría tener un rating en grado de inversión –que oscila de BBB- hasta un máximo de AAA– «si el apoyo extraordinario del Gobierno es explícito y transparente, y deja poco margen a la interpretación en relación con los importes, la puntualidad y las condiciones bajo las que recibiría apoyo».

En cuanto al apoyo del ICO, precisa que el diseño actual de esa «nueva facilidad financiera» cubre «únicamente el 52% de las amortizaciones» de la Comunidad en la primera mitad de 2012.

A juicio de S&P, el Gobierno central «probablemente proporcionará apoyo financiero para cubrir el servicio de la deuda en 2012, pero de forma extraordinaria».

Respecto al mantenimiento de las calificaciones de largo y corto plazo «en CreditWatch con implicaciones negativas», S&P resalta que también refleja el «riesgo» de que el «equipo gestor» de la Comunidad «no cumpla estrictamente con las condiciones establecidas por el Gobierno central en el marco de su mecanismo de apoyo extraordinario», dado su «reciente historial de desviaciones con los objetivos fiscales oficiales».

«No podemos descartar que un incumplimiento pudiera dificultar el acceso fluido de la Comunidad Valenciana a la financiación del gobierno y acentuar las tensiones de liquidez», remarca S&P, que podría rebajar el rating «un máximo de una categoría».

La entidad también señala que podría sacar de esa vigilancia negativa las calificaciones de la Comunidad si ratifica «la fortaleza del marco institucional para las comunidades autónomas», si el Gobierno central «modificara los términos de su apoyo financiero de tal forma que el servicio de la deuda de Valencia estuviera cubierto de forma completa y explícita» y si considera que la Comunidad «podría cumplir con todas las condiciones establecidas por el Gobierno  para dar su apoyo (incluyendo los ajustes fiscales)».

No obstante, precisa que en la actualidad ve «limitado el potencial de subida del rating» porque está «revisando» su valoración de ese marco institucional para ver si lo consideran «menos capaz, en el largo plazo, de ayudar a las regiones a corregir sus desequilibrios» y porque no esperan «una mejora sostenible en la posición de liquidez» de la Comunitat en estos momentos.

«No tenemos visibilidad sobre la capacidad de Valencia para reequilibrar de forma rápida lo que vemos como fuertes desequilibrios presupuestarios estructurales, mejorar su ejecución presupuestaria y estabilizar sus ratios de carga de deuda», concluye S&P, que resolverá ese CreditWatch «lo antes posible» dentro de los próximos tres meses.