A falta de pleno parlamentario, los socialistas han organizado una jornada sobre la reforma laboral en la que muy pocos aspectos del decreto del 10 de febrero han salido incólumes. Es una reforma tan desequilibrada que no hay por donde cogerla. Como viene repitiendo Alfredo Pérez Rubalcaba en todos los actos en los que participa, esa reforma va a tener dos efectos inmediatos: “más despidos y un empleo más precario”. Uno se pregunta si desaparecerá el derecho laboral, que nació hace dos siglos para equilibrar la relación entre el capital y el trabajo. El capital detenta los bienes de producción, se aprovecha de los bienes de la tierra –según los términos de Adam Smith– y propende al beneficio, la acumulación y la expansión, mientras el trabajo se limita a la producción con el único fin de subvenir las necesidades humanas.

Para combatir los abusos de los propietarios de los medios de producción sobre los trabajadores en materia de jornada, salarios, penosidad, peligrosidad y, en general, lo que entendemos por explotación, los trabajadores se fueron agrupando y ganando derechos básicos poco a poco, con unos sacrificios que en la historia del sindicalismo están. ¿Quién recuerda que en 1910 murieron ochenta trabajadores a causa de un derrumbe cuando estaban construyendo los grandes depósitos de agua del Canal de Isabel II, en Ríos Rosas (Madrid), y que entonces las viudas y huérfanos se quedaron desamparados? Se produjo entonces la primera gran huelga promovida por la Unión General de Trabajadores y fueron los obreros los que con sus colectas ayudaron a aquellas familias.

Los trabajadores han ido conquistando derechos. Uno de los más apreciados es la negociación colectiva con los empresarios. Quince días antes del decreto del Gobierno de Mariano Rajoy sobre la reforma laboral habían suscrito un acuerdo de rentas por el que los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y CEPYME se comprometían a mantener los salarios por debajo de la inflación, a moderar los beneficios y a no elevar los precios de los productos. Era un pacto de competitividad en toda regla. Pero al decretar la reforma laboral, el Ejecutivo ha dado carta blanca a los patrones para que carguen el ajuste sobre los salarios y las platillas. ¿Era necesario? ¿Era urgente? ¿Ayudará a crear empleo? Cuando uno escucha a los socialistas, la respuesta es negativa. “No se trata de renunciar a derechos para mantener el empleo –dice Rubalcaba– sino de menos derechos y más despidos”.

Es probable que la primera víctima del “ajuste de cuentas ideológico” que la derecha europea –la misma que iba a “refundar el capitalismo”– está haciendo a la socialdemocracia y al llamado “estado del bienestar” sea el derecho laboral. La debilidad de los sindicatos y un desprestigio ganado a pulso en muchas ocasiones llevará a medio plazo a la extinción paulatina de la jurisdicción social. Incluso, el martes, en los debates de la Fundación Canal, el exdirigente de CCOO, José María Fidalgo, elogió al “gran conductor” Mariano Rajoy, autor de la poda legislativa que situará a las pequeñas y medianas empresas al margen de la negociación colectiva y de los convenios de los distintos sectores. A este ritmo pronto los contratos laborales sean residuales y prevalecerán los mercantiles, sin derechos sociales, cobertura sanitaria, al desempleo y sin pensión, como en los tiempos del Canal propiamente dicho. ¿Les parece bonito? A los seguidores de Pablo Iglesias, no, desde luego.