Algunas de las noticias de estas últimas semanas transmiten implícitamente  la imagen de que nos encontramos en un país de tramposos, donde la ética y el cumplimiento – o el incumplimiento – de las obligaciones importan un bledo, donde los pícaros, lejos de tener reprensión social,  presumen de sus tropelías ante la indiferencia, cuando no  la complacencia,  de sus conciudadanos.

Ya se que las generalizaciones nunca son buenas y  que la mayoría de los españoles son de una u otra forma  víctimas de los desmanes de esas minorías. Pero, tal vez como consecuencia de una larga historia de picaresca, no existe en la sociedad española una cultura de la responsabilidad suficientemente arraigada para penar al menos moralmente los excesos de algunos.

Hablamos como si tal cosa de los aproximadamente 40.000 millones de euros que las Administraciones Locales deben a sus proveedores. La deuda deriva en ocasiones de la realización de obras innecesarias o, incluso tratándose de actuaciones necesarias, realizadas de forma suntuaria  y ostentosa, con pretensiones de nuevos ricos y a mayor gloria de los regidores de turno, cualquiera que sea su color político. Eso si, a costa del contribuyente y de los profesionales y empresas que al final soportan una deuda que puede acabar con su propia existencia.

Presumimos de la mejor Liga de Fútbol y los títulos obtenidos son muestra de nuestra calidad y competitividad. Pero ¿Cómo es posible que los Clubs deban 6.000 millones de euros  a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria? ¿Cómo es posible que nadie actúe contra ellos al igual que harían con otra empresa o ciudadano? El juego limpio empieza por pagar lo que se debe, máxime si es a todos y cada uno de los españoles y, a lo mejor, hay que pagar lo debido antes de invertir sumas ingentes en fichajes que están por encima de sus capacidades económicas.

El fraude fiscal en España se cifra en unos 30.000 millones de euros, que lógicamente cometen los “patriotas” que tienen recursos económicos para ello. ¿Qué se hace para perseguir estos delitos? ¿Se ha dotado a la inspección fiscal de recursos suficientes para su persecución y erradicación? Si hubiera éxito en la represión del fraude, tal vez podríamos ahorrarnos muchos dolorosos recortes  de gastos sociales.

Algunos Consejos de Administración asignan a sus miembros y a los altos ejecutivos indemnizaciones multimillonarias, mientras claman con insistencia y rotundidad por el abaratamiento del despido de los trabajadores, que muchas veces no son ni mileuristas. Además, en el colmo del cinismo, pretenden pasar por  Empresas Socialmente Responsables.

Si ya antes de la reforma laboral los empleados, especialmente si eran jóvenes y titulados, estaban sometidos a unas condiciones de absoluta precariedad, con jornadas sin fin y retribuciones basura, ahora que las empresas cuentan con mayor flexibilidad para regular las condiciones de trabajo se puede llegar a extremos inimaginables. Usar o abusar de este poder dominante depende tan solo de las convicciones morales y de la responsabilidad social de quien puede ejercerlo y realmente no existen muchas razones para el optimismo.

Pero las trampas no son patrimonio de nadie, sino que alcanzan a todos, aunque el volumen es una nota claramente diferenciadora. Se sabe, por ejemplo, que son muchos los trabajadores que cometen fraude en el cobro de las prestaciones de desempleo, perjudicando gravemente a quienes tienen necesidades reales y al conjunto de la ciudadanía que es quien  en definitiva les paga.

Bastantes empresarios y trabajadores actúan en una economía sumergida que, además de suponer un incumplimiento generalizado de todas las obligaciones, representa una forma de competencia desleal con aquellos otros actores de su sector de actividad que actúan con transparencia y con arreglo a la legalidad.

Hay legión de trabajadores que descuidan su capacitación profesional, que se mueven cómodamente en entornos de chapuza, sin preocupación alguna por el trabajo bien hecho, y escaqueándose del cumplimiento de sus responsabilidades laborales.

Tenemos una clase empresarial que, salvo honrosas excepciones,  se vuelca hacia le especulación y el negocio y la ganancia rápida, en lugar de apostar por proyectos estables y sostenibles, que aporten riqueza no solo  a sus promotores y accionistas, sino también a todos sus grupos de interés y a la sociedad en general….

La relación de ejemplos puede resultar interminable y, con toda seguridad, todo el mundo conoce casos de cada una de las categorías. Pero lo realmente preocupante no es su abundancia y frecuencia, sino el hecho de que la sociedad, los españoles, veamos estas cosas con total y absoluta normalidad. Y sobre todo que se haya podido llegar a la perversión moral de no plantearse siquiera que las obligaciones y los compromisos, cualquiera que sea su naturaleza, se adquieren para cumplirlos y hacerlo conforme a lo convenido