Los sindicatos denuncian casos sangrantes. Como el medio centenar de trabajadores del Banco Castilla La Mancha, la antigua CCM (que tiene el más que dudoso honor de ser la primera caja en ser intervenida por el Banco de España), que han tenido que mudarse desde Toledo a Oviedo. Sin que, según los representantes sindicales, se hayan tenido en cuenta sus circunstancias personales por parte de Liberbank, que agrupa a CajAstur, Banco Castilla La Manchas (tras la adjudicación de CCM a la entidad asturiana), Caja Cantabria y Caja Extremadura. Los sindicatos acusan al grupo dirigido por Manuel Menéndez, presidente de CajAstur, de despreciar así la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, especialmente en el caso de mujeres con hijos pequeños.

También se cita el caso de los empleados de Caja Insular de Canarias, que tras la integración de ésta en Bankia (donde están con Caja Madrid, la valenciana Bancaja, Caja Segovia, Caja Ávila, Caja Rioja y la catalana Caixa Laietana), que no han tenido más remedio que desplazarse a la Península para cubrir las necesidades derivadas del proceso de reorganización. UGT-Bankia Canarias subraya «la indignación provocada por las políticas puestas en marcha por la dirección del grupo respecto a las Islas«. Pero también se han producido traslados de empleados de Madrid a Valencia (y viceversa).

Situaciones similares se están viviendo en los nuevos grupos de cajas y en las fusiones realizadas por bancos, aunque las críticas sindicales se están concentrando en las entidades de ahorro.

La movilidad geográfica, que el proceso de concentración del sector financiero (especialmente en las cajas de ahorro) ha puesto de manifiesto sobre todo en los servicios centrales, se está utilizando, según los sindicatos, para forzar la marcha de empleados, que rechazan mudarse de ciudad, y abaratar así los ajustes de plantilla.

La banca ha encontrado un gran aliado en la reforma laboral puesta en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy. La nueva normativa implica que si un empleado se niega a cambiar de lugar de trabajo, la entidad le podría despedir con 20 días por año, en vez de con los 45 días que contemplaba la regulación anterior.

Pero sin necesidad de utilizar esa ventaja, la movilidad geográfica justificada en las necesidades derivadas de la reestructuración de las entidades financieras se ha convertido en la herramienta perfecta utilizada por éstas para aligerar sus plantillas, ya que estimula que un empleado que no quiere cambiar de ciudad opte por la baja voluntaria, generalmente incentivada.

Los sindicatos recuerdan cómo la Asociación de Cajas de Ahorros para Relaciones Laborales (Acarl) pretendió, en la negociación del convenio colectivo, cambiar la regulación de la movilidad geográfica. Lo que se buscaba es que la entidad pudiera trasladar a un empleado a un lugar distante en más de 25 kilómetros de su puesto actual (que es el límite vigente) por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción.

«Está claro que el objetivo que se pretende no es otro que el de incentivar las bajas voluntarias de los trabajadores y aligerar así las plantillas«, señalan en Csica. La movilidad geográfica favorece la baja voluntaria, y más si está incentivada, porque en determinadas situaciones es una opción más beneficiosa que un traslado “que suponga cambio de domicilio, que obliga al cónyuge a abandonar el trabajo, a buscar una nueva vivienda cuando en la situación actual no es precisamente fácil vender o alquilar la actual”, señala un representante sindical.

La reforma laboral abarata el ajuste

Según cálculos sindicales, la reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP puede suponer para el sector financiero un ahorro de 3.000 millones de euros. O la mitad del coste de las prejubilaciones realizadas en los dos últimos años. Las cuentas sindicales parten de que el ajuste realizado hasta ahora ha afectado a 12.000 empleados, con un coste medio de 300.000 euros por prejubilación.

La reforma laboral penaliza la vía de las prejubilaciones para afrontar el nuevo ajuste de plantilla, que se estima que afectará a entre 20.000 y 30.000 empleados. ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque, a diferencia de la normativa anterior, las entidades tendrán que hacer frente a todo el coste, cuando antes una parte corría a cargo del Estado. Y dos, porque el margen de maniobra para prejubilar a empleados de más de 50 años es escaso, ya que la mayor parte de las prejubilaciones realizadas hasta ahora han sido para trabajadores de más de 54 años.