Las eléctricas perfilan sus argumentos ante el nuevo marco regulatorio que prepara el Gobierno para el sector. Sus reflexiones y análisis son numerosos, pero hay un tema que ahora preocupa especialmente: la posible quita en el déficit tarifario, que se origina porque las tarifas no cubren los costes de las actividades reguladas, y que acumula una cifra de 24.000 millones de euros.

En los encuentros que los directivos de las empresas y de la patronal Unesa han mantenido con los actuales responsables de la política energética se ha puesto de manifiesto una conclusión consensuada: «la quita iría contra el capital de las empresas». Y ese recorte, unido al que han sufrido en los últimos años, las  dejaría prácticamente descapitalizadas y más desprotegidas en una etapa en la que, pese a los problemas para hallar financiación, algunos grupos, especialmente de los países emergentes, están aprovechando las oportunidades que surgen en el mercado.

Para las eléctricas esa medida afectaría al rating de su deuda (sólo Iberdrola mantiene la calificación A) y a la colocación entre inversores del déficit tarifario. Estos argumentos los intentan completar con datos que van desde los 5.500 millones de euros que al sector le ha costado financiar el déficit en 2011 a los 5.000 millones que se espera ascienda el agujero creado por las tarifas en 2012 frente a los 1.500 millones previstos.  Como consecuencia de estos desajustes del sistema, añaden que la rentabilidad de sus activos en España es menor que el coste del capital, mientras que el beneficio que se admite es en realidad un apunte contable. Y que si han presentado ganancias en 2011 y en años anteriores se debe básicamente a sus actividades internacionales.

No obstante, este es sólo uno de los aspectos en los que el sector se defiende ante el principio, adelantado por el ministro de Industria, José Manuel Soria, en el sentido de que todos los agentes que participan en el sector deben aportar sacrificios para resolver el déficit tarifario, que se ha convertido en una cuestión de Estado y no sólo porque la deuda tenga garantía estatal. Las empresas también se oponen a la aplicación de tasas especiales a las centrales hidráulicas y nucleares, sobre la base de que estas últimas no están en general amortizadas y que necesitan inversiones muy elevadas para su mantenimiento. El «caramelo» de la ampliación de la vida de la central de Garoña y la moratoria a las subvenciones de las energías renovables no se considera que puedan compensar gravámenes extras.

Mientras que la Administración avanza en la reforma del sistema energético (que se unirá a la financiera, laboral y la de los organismos públicos), las eléctricas están a la espera de que decisión tome el ministerio sobre las tarifas, tema que se conocerá a fin de este mes. Pero la subida, no reclamada, pero que el sector considera necesaria para abordar el déficit este año es del 20% al 30%.  Pero esta vía no parece que vaya a ser la escogida.