Con el objetivo de reducir los plazos de resolución de los asuntos judiciales, lo que tendría «un fuerte impacto macroeconómico», la consejera ha presentado un singular informe sobre las repercusiones económicas que tendría la puesta en marcha de una Nueva Oficina Juficial (NOJ) que, entre otras cosas, ofrecerá servicios comunes a todos los juzgados, aligerará las tareas administrativas y mejorará la organización de los recursos y materiales, gracias a la puesta en marcha del expediente judicial electrónico. Entre las conclusiones más importantes del estudio, destaca que acortar los plazos judiciales a la mitad en el ámbito mercantil se traduciría en un impacto de 93,2 millones de euros en la economía y, en términos de empleo, supondría la creación de 1.100 puestos de trabajo

La imagen de una justicia que no resuelve los asuntos legales con rapidez tiene un coste de inseguridad jurídica muy importante, y es un claro freno para atraer inversiones y para la dinámica empresarial y de negocio. De ahí que la consejera de Justicia catalana defienda con argumentos económicos la puesta en marcha “sin dilaciones” de la nueva oficina judicial (NOJ). Para justificar los 590 millones de euros que supone la implantación en ocho años del proyecto, de los que un 63% corresponde a nuevos espacios y adecuaciones de otros equipamientos ya existentes y un 30%, a las nuevas tecnologías, destinando el resto a recursos humanos y organización de los servicios; la consejera Fernández Bozal señala la “rentabilidad” y la importancia del retorno económico y social que comportará la modernización de la justicia superará, holgadamente y en pocos años, el coste de la inversión.
Del estudio se desprende que, si la duración del proceso concursal se redujera a la mitad y pasara de los 32 meses actuales a 16, la tasa de recuperación de crédito aumentaría del 24,9% al 32,9%, lo que supondría un impacto global para la economía del país de 93,2 millones de euros. En términos de empleo, esta mejora generaría alrededor de 1.100 puestos de trabajo. Y, en cuanto a los costes financieros para los acreedores de las empresas afectadas por un proceso concursal, se registraría una disminución de 12,9 millones de euros.

Cataluña acumula el mayor número de procedimientos concursales, un 23,2% del total español durante el 2011, lo que se traduce en 1.477 procesos concursales. Cataluña cuenta también con el más alto porcentaje de empresas afectadas para que la crisis ha golpeado especialmente la pequeña y mediana empresa, base de la economía catalana, uno de los segmentos más sensibles a la celeridad judicial por su menor capacidad de resistencia a los impagos.

El proceso concursal es muy complejo y se alarga una media de 32 meses. Esta duración excesiva acaba generando costes que se traducen en la no recuperación de los créditos por parte de los bancos, proveedores, trabajadores o hacienda. Estos impagos pueden tener repercusiones en cascada. Por otro lado, también aumentan los gastos financieros que asumen los acreedores por el retraso en la disposición de su dinero y los costes del proceso.

Mediante el análisis coste-beneficio de la puesta en marcha de la NOJ, el estudio pone de relieve que la mayor eficiencia lograda con la reestructuración de las tareas de la administración de Justicia se traducirá en una reducción de la duración de los asuntos y , por tanto, en un aumento de la productividad, concretamente de un 15%. Esto quiere decir que aumentará en un 15% el número de casos que se resuelven anualmente en los juzgados. Este aumento de la eficiencia reducirá a la mitad el número de juzgados de nueva creación que serán necesarios en los próximos veinte años.

Si se tiene en cuenta que el coste anual para la Generalitat de un juzgado unipersonal se sitúa en 903.000 euros anuales y se pone en relación con la evolución del impacto presupuestario de la implantación del nuevo modelo los próximos veinte años, la consejera catalana concluye que la NOJ no genera costes presupuestarios, ya que en su opinión el ahorro en la creación de nuevos juzgados para las cuentas públicas compensa las inversiones.

Una vez analizado el proyecto de la NOJ, el estudio de Fernández Bozal cuantifica su impacto sobre el global de la economía. La herramienta para medirlo son de nuevo estimaciones en el ámbito mercantil, que representa un 20,7% del total de reclamaciones atendidas por la administración de Justicia, y, en cambio, sólo un 8,4% de las sentencias ejecutadas, según datos del período 2007-2011. El estudio demuestra que la mejora de eficiencia que provocará la NOJ en este ámbito supondrá una reducción de la duración del proceso de un 16,5%. Esto quiere decir que el tiempo necesario para la resolución de un asunto pasará de 32 a 26,7 meses, una vez desplegada totalmente la oficina judicial en los ocho años previstos.

Teniendo en cuenta los beneficios que genera el acortamiento de plazos, especialmente en los temas concursales, estas ganancias se podrían cuantificar, sólo en los primeros 8 años de funcionamiento, en una cifra en torno a los 70,2 millones de euros, mientras que los costes serían de 66,7 millones de euros. De este modo, la Generalitat concluye que los beneficios que generará la nueva oficina judicial en forma de rendimientos para los agentes económicos superarán los costes de su implementación.