Si el presidente de Mapfre a partir de la junta del sábado, Antonio Huertas, sorprendió al afirmar públicamente que está dispuesto a aceptar la convivencia con otras aseguradoras competidoras en acuerdos de bancaseguros con entidades financieras, no menos sorpresa ha causado la respuesta de la directora general de Seguros y Fondos de Pensiones, Flavia Rodríguez-Ponga. En el almuerzo que suele clausurar cada sesión del Curso de Economía para Periodistas de Información Económica que organiza la Apie, la nueva responsable de la regulación y supervisión del sector asegurador afirmó que el Gobierno no intervendrá en la reorganización del mapa de bancaseguros, afectado por la nueva fase de concentración del sistema financiero.

Las decisiones en materia de bancaseguros corresponden al ámbito «puramente privado» de las entidades, argumenta Flavia Rodríguez-Ponga. “No es función de la Dirección General de Seguros ordenar el mercado”. Por tanto, los bancos y cajas que mantienen acuerdos de exclusividad con las compañías de seguros para la distribución de sus productos, y éstas deberán analizar todas las opciones posibles e intentar llegar a la «mejor solución«.

Eso sí, recuerda que la legislación marca que sólo puede haber un operador de bancaseguros por entidad, como señalaba el anterior director general de Seguros, Ricardo Lozano. Flavia Rodríguez-Ponga eludió precisar si, como defiende el presidente de facto de Mapfre, Antonio Huertas, la normativa permite varias aseguradoras dentro de un mismo grupo de banco o caja, aunque sea vendiendo sus productos a través de un único operador de bancaseguros.

Solvencia II, en 2014

La directora general de Seguros aprovechó para recordar las tareas pendientes, como la Ley de Supervisión, y su correspondiente reglamento, para trasponer la Directiva comunitaria antes del 31 de diciembre. Y precisa que, aunque la Directiva Omnibus II pueda ampliar los plazos de adaptación, “está claro” que Solvencia II debe entrar en vigor el 1 de enero de 2014. Las entidades deben presentar un plan de implementación de Solvencia II antes del 30 de junio de 2013.

En este sentido, España defenderá las especificidades del ramo de Decesos (que no existe en otros países europeos) y de la cobertura de los riesgos de catástrofes (que corresponde al Consorcio de Compensación de Seguros, figura que tampoco existe en el resto de Europa). Y aprovechará los cambios legislativos para introducir en la normativa nacional la regulación de los grupos mutuales (con la posibilidad de fusiones virtuales de mutuas), la transformación de entidades, el régimen de solvencia aplicable a las mutualidades de previsión social, las agencias de suscripción y el régimen de liquidación (función que en España ejerce el Consorcio).

Antes, previsiblemente en abril, estará el proyecto de Ley de Contrato de Seguro, que debe contemplar la asegurabilidad de multas y sanciones, la desaparición del trámite pericial y el aseguramiento de Responsabilidad Civil, entre otras cuestiones. También, la reforma del baremo de indemnizaciones por accidentes de tráfico, que debe adaptarse a la normativa europea.

Otra cuestión es la Directiva de Portabilidad, para permitir la movilización de derechos de pensiones al cambiar de empleo. Se busca proteger al trabajador en caso de insolvencia del promotor del plan de pensiones. Y estudiar los obstáculos fiscales a la movilidad de fondos de pensiones y seguros de Vida.

También en planes de pensiones, la Dirección General de Seguros quiere atenuar la volatilidad del valor de los derechos de los partícipes cuando se produce una crisis, y analizar si la información que reciben éstos es suficiente. Flavia Rodríguez-Ponga recuerda que la Ley de Reforma de la Seguridad Social exige al Gobierno elaborar un estudio sobre el fomento de la Previsión Social Complementaria antes del primer semestre de 2013. Este estudio se centrará en dar a ésta mayor estabilidad y rentabilidad, extenderla a más capas de población y lograr un mayor desarrollo en el pilar de empleo.