Mientras el Gobierno culpa a las autonomías de buena parte del déficit del Estado, el president de la Generalitat volvió a reclamar que el Estado pague a Catalunya sus deudas, recordando que “somos el territorio más productivo y que más riqueza aporta al conjunto del España” y añade que las cosas “no se están haciendo como se debería en la comunidad donde se ejecuta una severa política de austeridad como en ningún otro sitio del Estado y señala que es de justicia “cobrar aquello que se nos debe”.

Mas aseguró ante que de cobrar estas deudas pendientes “podríamos hacer cosas gracias a los recursos que el mismo país genera con el esfuerzo de cada día.

Asimismo el president abogó para que los objetivos de reducción del déficit impuestos por Bruselas se alarguen un año, por qué en caso contrario “se pone en peligro los pilares del estado de bienestar” y reclamó para las autonomías la misma flexibilidad que Rajoy propone para las cuentas del Estado, ya  que “no tendría sentido que las comunidades autónomas quedasen al margen de esta flexibilización del cumplimiento del déficit”.

En este sentido el presidente del grupo parlamentario de CiU, Oriol Pujol, exigió al Gobierno central que amplíe el déficit de Catalunya para este año al 1,8% frente al 1,3% actualmente establecido, dado que el Gobierno del Estado también ha reducido un 0,8% su reducción del déficit. Para Pujol no tiene sentido que el Estado se conceda esta flexibilización y no se la permita a Catalunya. “Lo que es bueno para España ha de ser bueno para Catalunya”, añadió.

La propuesta del PP

Por otra parte el PP catalán sorprendió al asegurar que está trabajando con el objetivo de ofrecer a la Generalitat un trato fiscal singularizado dentro de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca). La propuesta en la que están elaborando sería una alternativa a la del concierto económico con el que sueña CiU. Los populares aseguran que su fórmula permitiría a la Generalitat obtener unos beneficios comparables al concierto económico y que además tendría muchas posibilidades de ser aceptado por Madrid.

Paralelamente los populares catalanes presionan a CiU para que el debate en el Parlament sobre la financiación autonómica se retrase al año próximo, cuando prevén que la situación económica en España habrá mejorado.