Muchos españoles empiezan a pensar que Dios tenía razón cuando, para procurar un futuro mejor al humano le promete otra tierra. La historia del “progreso” se desplaza de Oriente a Grecia, de Grecia a Roma, de Roma a Europa occidental, de Europa a Norteamérica, ahora a Sudamérica y, de nuevo a Oriente. Quiere decirse –y más en la mundialización e instantaneidad de la comunicación– que el itinerario del progreso no se está quieto un instante y exige liberarse de los grilletes territoriales para sobrevivir. Bien lo sabemos por la experiencia del último siglo y, a la luz de los últimos datos, lo practicamos otra vez a causa de la crisis económica. Por primera vez en 2011 emigraron medio millón de personas, cien mil más de las que llegaron. El Inem supera la población de Madrid. “Vamos con la música –estudios, habilidades, conocimientos– a otro parte, que aquí no hay nada que hacer”.

Viene esta necesidad de liberación geofísica que cada día con mayor frecuencia escuchamos en la calle al hilo de la impotencia política que se colige de los órganos de dirección del país. En el pleno del Congreso del miércoles se queja la lideresa de UPyD, Rosa Díez, al presidente Mariano Rajoy: “Tenemos diecisiete de todo”. Se refiere a las autonomías, que han acercado el poder político al pueblo y, según ella, han pasado de resolver problemas a crearlos. Le sigue Cayo Lara, de IU: “Recortar el gasto público es un error que provoca más paro y mayor pobreza”. Continúa Alfredo Pérez Rubalcaba, del PSOE: “Imponer una reforma laboral sin haber hablado un minuto con los agentes sociales es un grave error, sobre todo si lamina la negociación colectiva, hace retroceder un siglo los derechos sociales y sólo sirve para despedir y crear más desempleo”.

El jefe del Gobierno no niega las tres afirmaciones, no puede, porque las tres son ciertas en términos generales. A Díez le contesta que ha pedido un plan de raciocinio a las autonomías para que supriman organismos y eviten duplicidades administrativas, y le promete presentar un proyecto de ley de unidad del mercado interior. A Lara le dice que si por él fuera llevaría el déficit al 20% pero, “¿quién nos presta el dinero?, oiga… ¿Y si no nos prestan?” Y a Rubalcaba le reprocha que tampoco el Gobierno del que formó parte pactó con los sindicatos la reforma laboral de 2010, que costó una huelga general y no ha servido para crear empleo.

Rajoy pone coto a las remuneraciones de los ejecutivos bancarios, limita los sueldos de los directivos y consejeros de las sociedades públicas a 105.000 euros al año –incluido el salario en especie– como máximo, planta cara a los fabricantes de cuadros macro de la UE que no tienen en cuenta el 23% de la población activa española en paro e intenta frenar el estallido social. Pero la caída de las inversión, que el ministro de Economía, Luis de Guindos, cifra en un 40% este año; el crecimiento del paro en 600.000 personas más de marzo a diciembre, el descenso de las rentas agrarias que, según el ministro Miguel Arias Cañete, vienen bajando desde 2004, al tiempo que el gasoil alcanza 1,38 euros el litro, y otros indicadores negativos, acentúan el desánimo del personal.

No sabemos si la imagen de España, que tanto preocupa al presidente Rajoy, mejorará en fechas venideras. Tampoco sabemos si esa “Marca España” que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, quiere promover a toda costa en el exterior, siquiera sea para que las más de 200 oficinas de las autonomías en el extranjero luzcan el logo con la banderita nacional, o si el Alto Comisario de la marca –posiblemente, el catedrático Emilio Lamo de Espinosa–, darán frutos positivos. Lo único cierto es que cada día emigran más españoles a buscarse la vida, y si se les pregunta de dónde son, contestan sin dudar: “De España, capital Inem, usted ya me entiende”.