Los sindicatos creen que el Gobierno trata de encerrarles en una ronda de negociaciones que no lleva a ninguna parte. Tras enviar una nueva carta a Rajoy, instándole a abrir el proceso de diálogo social, las centrales han elaborado un documento de cincuenta páginas enmendando el decreto ley del Gobierno, cuya convalidación esta prevista para este jueves en el Congreso. Las centrales plantean así un ultimátum al Ejecutivo y se muestran dispuestos a “desmontar los mitos” que, en su opinión, encierra la reforma laboral.

Los sindicatos dijeron hoy ‘basta’ al Gobierno después de una serie de reuniones técnicas durante la cuales el ministerio de Empleo ha desgranado las medidas que contiene el decreto ley de reforma laboarl aprobado en febrero. “Eso no es un proceso de negociación. No nos parece bien que se siga alargando el tema sin que haya propuestas concretas por parte del Ministerio”, dijo hoy miércoles el ‘número dos’ de Comisiones Obreras (CCOO),  Ramón Górriz.

Las centrales no ven “ninguna medida que asegure la creación de empleo digno y estable” en la reforma laboral. Por ello, instan al Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy a retomar el diálogo social y a no despreciar el papel de los sindicatos en la negociación. “Estamos en una situación de emergencia”, afirma el ‘número dos’ de UGT, Toni Ferrer, quien exige al Gobierno que “no manipule” la oferta de negociación que le están lanzando los sindicatos.

En su opinión, la reforma del Gobierno no contiene soluciones al problema de la dualidad, ni tampoco la tan pretendida simplificación de las modalidades de contratación. Por el contrario, los representantes de los trabajadores no ven nada más que nuevas vías de abaratamiento del despido y otras medidas tendentes a “reducir el coste del factor trabajo”. “Hay un montón de medidas en este sentido”, afirma Górriz.

Los sindicatos se disponen así a desmontar algunos “mitos” sobre el decreto ley del Gobierno, que se tramitará como proyecto de ley en el Congreso en un proceso que espera las enmiendas de los grupos políticos. Entre estos mitos, los sindicatos niegan que la reforma vaya a estimular ajustes alternativos al despido, como asegura el Ejecutivo. “Nosotros no creeemos en las buenas voluntades”, afirma Górriz, que esgrime datos sobre el poco uso que hacen los empresarios de la posibilidad de reducción de jornada, ya vigente antes de la aprobación de la reforma.

En líneas generales las centrales exigen al Gobierno la vuelta a un modelo de flexibilidad interna negociada, que les permita pactar con los empresarios cambios en las condiciones de trabajo, incluso en salarios, cuando la empresa atraviesa una mala situación económica.

En caso contrario, creen que la reforma convertirá España en un país “más pobre” al apostar por la reducción de salarios generalizada como mecanismo de salida de la crisis, a pesar de que hay 7,8 millones de personas con un salario inferior a 850 euros brutos mensuales, afirman los sindicatos, con datos de la Agencia Tributaria. “Lo que se pretende es reducir los salarios, desregular todos los derechos y que este país sea cada vez más pobre”, clama Ferrer.

Creen además que la reforma abre la puerta al despido de trabajadores públicos en un momento en que las comunidades autónomas pretenden abordar estos despidos, obligadas por la limitación de déficit del 1,5 por ciento en 2012.

Los sindicatos reunirán el viernes a sus órganos de dirección y han convocado una rueda de prensa ese mismo día en la que sus secretarios generales podrían anunciar nuevos pasos en el proceso de movilización creciente que tienen planteado y dentro del cual se ha barajado como fecha de una posible convocatoria de huelga general el próximo 29 de marzo, coincidiendo con la convocatoria de paro general de los sindicatos nacionalistas en Galicia y el País Vasco.

Medidas alternativas

En resumen, las centrales pretenden que los empresarios no puedan, unilateralmente, decidir rebajas de los salarios, ni descuelgues de los convenios. Proponen también un contrato indefinido de «apoyo a la creación de empleo estable» para empresas de menos de 25 trabajadores, con una indemnización de cinco días por trimestre, como alternativa al contrato de apoyo a los emprendedores incluido en la reforma laboral del Gobierno. En caso de conflicto, las centrales no aceptan el laudo arbitral obligatorio que pretende “imponer” el Gobierno. En su lugar abogan por que actúen las comisiones paritarias o los sistemas de solución extrajudicial de conflictos.

Piden además recuperar la llamada ultraactividad o prórroga normativa de los convenios. Apuestan por “dinamizar” la negociación colectiva mediante el establecimiento de la obligación de negociar cuando se aproxime el fin de la vigencia de un convenio colectivo, en un plazo máximo previsto.

En materia de despido, piden que se suprima la ampliación de las causas para el despido objetivo, tanto las aprobadas por el Gobierno de Rajoy, como las que aprobó Zapatero con la Ley 35. En suma, pretenden que el despido tenga siempre que justificarse y que solo se utilice cuando el empresario haya intentando otras vías y detectado que no hay otra solución.

Para resolver la dualidad, los sindicatos apuestan por ligar la prohibición de encadenar contratos temporales al puesto de trabajo y no solo al trabajador, como hasta ahora. Es decir, si un empresario contrata temporalmente a dos personas para cubrir un mismo puesto, declarar ese puesto como indefinido y obligar a cubrirlo por un trabajador con este tipo contrato.