Tras una larga espera , había temor en buena parte de la clase política y numerosos medios sociales ante la resolución del recurso que tres familias habían presentado para escolarizar a sus hijos en castellano pudiera poner fin a la inmersión lingüística en Catalunya. Al conocerse el contenido de la sentencia han respirado con alivio. En las jornadas posteriores el tema era recurrente tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. En algún momento esta movilización parecía presagiar una resolución contraria al recurso de la Generalitat y daba la sensación que se estaba preparando la respuesta.

La sentencia limitando el derecho de recibir la enseñanza en castellano se circunscribe a las tres familias demandantes y no a todo el modelo. En cualquier caso la sentencia no entra a valorar el proceso de inmersión lingüística asegurando que esta tarea correspondería al Tribunal Supremo.

Nada más conocerse la resolución judicial, el presidente de la Generalitat hizo una breve declaración asegurando que «estamos donde estábamos u no nos moveremos de de aquí», para añadir -a la espera de analizar detalladamente la sentencia-, que el actual modelo de inmersión lingüística «es bueno y es el mejor para la cohesión del país» y en cualquier caso consideró que no altera nada de lo que se estaba haciendo. «Las excepciones que se tengan que hacer ya están previstas en las leyes actuales, pero si se tiene que afinar alguna cosa, se hará», aseguró Mas.

La consejería de Ensenyament convocó a los representantes de las fuerzas políticas que avalaron la política de inmersión (todas excepto el PP y Ciutadans) a una reunión para valorar el contenido de la sentencia y sus posibles consecuencias.

Este caso arranca de la denuncia interpuesta por tres familias para que sus hijos fueran escolarizados preferentemente en castellano. Inicialmente los tribunales les dieron la razón instaron a la Generalitat que en el plazo de dos meses el castellano también fuera una lengua vehicular en el sistema de enseñanza catalán. En el recurso que presentó la Generalitat el pasado septiembre a esta resolución defendía que la sentencia sólo afectaba a las tres familias demandantes y mientras se resolvía el conflicto.

Tanto el colectivo de maestros como diferentes entidades sociales y politicas salieron en defensa de la actual política lingüística que aplica la Generalitat, e incluso la asociación Escola en català (escuela en catalán) invitó a los ciudadanos a enviar cartas al tribunal reivindicando una sentencia favorable al recurso de la Generalitat. 50.000 personas atendieron esta campaña.