La enmienda que ha posibilitado el voto a favor de CiU al decreto ley de reforma laboral, que este jueves se ha convalidado en el Pleno del Congreso, compromete al Gobierno a permitir a las autonomías un amplio margen de actuación en las políticas activas de Empleo, aunque los fondos sean estatales.

El decreto ley de reforma laboral prevé que «tendrán carácter estatal a efecto de su aplicación por parte de las comunidades autónomas y del Servicio Público de Empleo Estatal» las acciones y medidas de políticas activas de empleo referentes a trabajadores discapacitados, centros especiales de empleo, talleres de empleo, casas de oficios, formación profesional ocupacional, autoempleo, programas experimentales de empleo, cierto tipo de subvenciones por contratación de desempleados, impulso de proyectos y empresas I+E o mejora de la competitividad de cooperativas y sociedades laborales, entre otras.

Enmienda a la disposición final duodécima de la reforma laboral

Sin embargo, CiU y PP han pactado dar margen a las comunidades autónomas a través de una enmienda a la disposición final duodécima, relativa a la «aplicación de acciones y medidas de políticas activas de empleo«,  que será incluida directamente en la fase de ponencia de la reforma durante su tramitación como proyecto de ley en la Cámara baja.

Así, la redacción definitiva del texto, precisará que «las comunidades autónomas podrán, con cargo a los fondos estatales distribuidos a través de la conferencia sectorial, realizar las acciones y medidas» señaladas anteriormente, así como «desarrollar acciones y medidas de políticas activas de empleo adaptadas a la realidad de las personas desempleadas y del tejido productivo de su ámbito territorial».

Además, en la enmienda se recoge que, durante la presente legislatura, el Gobierno deberá «aprobar un nuevo marco legal que regulará de manera integrada las medidas dirigidas a favorecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad».

La reforma laboral respetará contenidos comunes

«Transitoriamente, las acciones y medidas que puedan llevar a cabo las comunidades autónomas (en este ámbito) deberán respetar los contenidos comunes» de la Estrategia Española de Empleo 2012-2014, según apostilla el texto.

También se suprime mediante este mecanismo el apartado de la Estrategia de Empleo relativa a «medidas estatales de inserción laboral de personas con discapacidad».