En la reunión del consejo de administración del jueves de YPF se volvió a escenificar las divergencias entre los representantes de su primer accionista Repsol y el consejero del Estado argentino. No obstante, fuentes consultadas señalan que la reunión fue más relajada que otras anteriores, después de que la presidenta de la nación, Cristina Fernández, no anunciase la pasada semana la renacionalización de YPF como se preveía en medios políticos y periodísticos argentinos.

Sin embargo, el representante del Estado, Roberto Baratta, se negó a firmar el informe anual correspondiente al ejercicio de 2011, básicamente porque en él se indicaba que las huelgas del pasado año habían influido en la reducción de la producción de hidrocarburos.

Además el consejo optó por posponer el pago de dividendo, aunque no se ha suspendido. El consejo y la dirección se han comprometido a buscar posibles fórmulas alternativas que serán sometidas a la aprobación de la junta general. Una vía podría ser destinar la cantidad dedicada a dividendos a aumentar los fondos o las inversiones de YPF. Esta posibilidad podría perjudicar más a los pequeños inversores o incluso al empresario argentino Eskenazi, que tiene el 25% del capital, ya que para Repsol, aunque recibe unos 500 millones de euros de dividendo, se beneficiaría de la mayor solidez de su participada.

No obstante, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, que siguió el consejo por videoconferencia, consiguió sacar adelante las cuentas de 2011.