En la sentencia la magistrada, del Juzgado de lo Mercantil número 10 de Madrid, entiende acreditada la «negligencia» en la que han incurrido los empresarios en el desempeño de sus cargos como administradores y el perjuicio económico producido a la entidad financiera, que en enero de 2009 entró en el capital de la empresa con una inversión de 149 millones de euros.

El valor de cotización de SOS durante el ejercicio 2008, según el fallo, estaba «inflado», dado que «se reflejaban unos beneficios que no eran reales» al no tener en cuenta dos circunstancias extraordinarias cuyo impacto en los resultados de la compañía «no eran conocidos por el mercado».

En concreto, la juez alude al efecto de la alerta alimentaria de abril de 2008 sobre aceite de girasol procedente de Ucrania y a la volatilidad de los precios de la materia prima, que «no tuvieron reflejo en los estados financieros de SOS hasta el 27 de febrero de 2009″. Por este motivo, según se estima en la sentencia, la información financiera facilitada por   el grupo a la caja de ahorros no computaba el impacto de unos 44 millones de euros.

Además, en las cuentas de 2007 no se informaba de la existencia de contratos de derivados de carácter especulativo sobre acciones de Banco Popular y BBVA, que «implicaba para SOS el equivalente a haber adquirido las acciones y tener un riesgo en Bolsa por importe máximo de 125 millones de euros».

La juez agrega que en el ejercicio 2008 tampoco constaban los ajustes que se deberían haber efectuado como consecuencia del crédito de 212 millones de euros concedido por el grupo alimentario a una sociedad (Cóndor Plus) vinculada con los hermanos Salazar, «garantizado con acciones de SOS que ya estaban pignoradas».

Según concluye, de haber conocido los hechos que fueron ocultados al mercado y a la entidad financiera, así como al consejo de administración de la compañía alimentaria, Caja Madrid (hoy integrada en Bankia) habría adquirido las acciones a un precio «muy inferior».