Desde hace tiempo en numerosos ayuntamientos sólo ondea la bandera local y la catalana. La delegada del Gobierno, María Llanos de Luna, se ha mostrado firme en hacer cumplir la ley y que la enseña nacional ondee junto la catalana y la del pueblo y amenaza con sancionar a quien lo incumpla, arrinconando la política de permisividad imperante hasta el momento. Ayuntamientos como los de Palafrugell o Sant Pol de Mar se han visto obligados a “acatar la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Girona en que les obligaba a que la rojigualda ondeara en la fachada consistorial.

El ayuntamiento de Arenys de Mar, que en su día estrenó los referéndums para la independencia, ha expresado su voluntad de recurrir a la votación popular par que se pronunciara si la bandera española ha de ondear en el edificio municipal. El consistorio aprobó esta iniciativa con la oposición del PP y PSC. En el pleno los concejales expresaron su preocupación por la actitud agresiva de la delegada del Gobierno que puede originar “un conflicto innecesario” . Ésta, por su parte, ha anunciado que tiene “una lista negra” de ayuntamientos que incumplen la normativa y que presentaría tantas denuncias como hicieran falta.

El conflicto ha ido elevándose de tono. El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, anunció que el Govern estará al lado de los ayuntamientos que decidan retirar la bandera española del balcón consistorial y les prometió apoyo jurídico, así como respaldó la consulta promovida por el ayuntamiento de Arenys sobre el tema.

Este miércoles había sesión de control en el Parlament en una sesión que el president Artur Mas no asistió por el fallecimientos de su padre. Inevitablemente los independentistas de Solidaritat Catalana preguntaron sobre el tema de las banderas.El diputado Antonni Strubell aseguró que “esta imposición del PP no es ningún hecho aislado” e incluso señaló que “los herederos del señor Fraga, que llevaba la bandera en cuestión en los tirantes, ya han ganado la primera batalla”, y pasó a preguntarse si considera delincuentes al tercio de alcaldes catalanes que se han integrado en asociaciones independentistas y reclamó que la Generalitat “instara a los ayuntamientos a que ondeara nuestra bandera””.

La vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, insistió que el Govern ha de estar al lado de los ayuntamientos. Acto seguido recordó que la ley de banderas se aprobó a la sensibilidad de aquel momento que no es la actual. “El Govern ha de hacer cumplir la ley, y si esta no gusta, se ha de trabajar para cambiarla, no para incumplirla” señaló antes de advertir que “no queremos entrar en una guerra de banderas que no lleva a ninguna parte”.

Por otra parte el ayuntamiento de Girona se ha declarado insumisa fiscal e invitó a las empresas y ciudadanos a sumarse a esta iniciativa. El consistorio aprobó que el ayuntamiento liquiede los impuestos del IVA y el IRPF a l´Agència Tributaria de la Generalitat y no a la de España. Iniciativas similares las han adoptado otros ayuntamientos como Ripoll, Berga o Arenys de Munt.

En este contexto el pasado fin de semana se constituyó la Assemblea Nacional Catalana, que propone con el objetivo es conseguir una mayoría social independentista,  presionar a los partidos para que caminen hacia la independencia., así como proponer un referéndum antes de  marzo del 2014. A este acto asistieron más de siete mil personas, entre ellos cargos públicos de CiU, ERC y Solidaritat Catalana, así como un nutrido grupo de concejales de pueblos catalanes, así como numerosos colectivos de la sociedad civil.