El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, evitó concretar de dónde saldrán los 5.000 millones suplementarios que ha impuesto Bruselas a su reducción del déficit público al 5,8% del PIB este año. Cinco horas de información y debate sobre el Consejo Europeo de los días 1 y 2 de marzo, y las consiguientes preguntas al presidente sobre la acción del Gobierno, sólo permitieron a la oposición arrancarle que la ineludible contracción del déficit tendrá un impacto negativo sobre el crecimiento y el empleo. Las concreciones llegarán cuando, después de las elecciones andaluzas y asturianas del 25 del corriente y de la huelga general del 29, el Ejecutivo apruebe el Presupuesto del Estado para el presente año.

Rajoy se escudó en que lo grave no es que el Gobierno haya aprobado un techo de gasto con el 5,8% de déficit, y Bruselas lo haya rectificado cinco décimas, obligando a bajarlo al 5,3%, pues, de hecho, eso significa que la Unión Europea ha apoyado el planteamiento del Gobierno español, según afirmó el presidente. Lo grave es que el Gobierno anterior haya incumplido el objetivo del 6% y terminara 2011 con un desajuste del 8,5% en las cuentas públicas, lo que equivale a un desfase de 25.000 millones de euros y, sobre todo, ha obligado al nuevo Ejecutivo a actuar rápidamente con una subida del IRPF y un gasto no disponible por valor de unos 15.000 euros para “recuperar la credibilidad” ante los mercados financieros y la Unión Europea.

Con este argumento sobre la cruda realidad, de la que responsabilizó al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, Rajoy respondió a las críticas del secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien calificó de “chapuza” el baile de cifras sobre el porcentaje de déficit. Lo cierto es que el margen comprometido en el desvío entre ingresos y gastos tendrá un límite de 15.000 millones para las autonomías, de 35.000 para la Administración General del Estado y de 300 millones para los ayuntamientos. Si esa cifra supone una diferencia de 34.700 millones respecto al 8,5% de 2011 y si descontamos los 15.000 millones del primer ajuste decretado por el Gobierno, cabe preguntarse de dónde saldrán los 19.700 millones restantes en el improbable supuesto –debido a la recesión– de que se mantengan los niveles de ingresos fiscales.

El presidente no dio ninguna pista; ni siquiera consideró las propuestas que le hizo Rubalcaba de reducir el gasto en defensa, establecer un impuesto sobre las grandes fortunas y otro sobre las transacciones financieras, como ha hecho el francés Nicolás Sarkozy. Joan Coscubiela, de IU-ICV, reclamó una política más activa en el combate del fraude fiscal y otros portavoces de izquierda se sumaron a la propuesta del socialista de limitar a 1.000 euros los pagos en efectivo para combatir el fraude. Rosa Díez, fiel a su discurso contra las autonomías, le propuso liquidar los dispendios de lo que llamó “diecisiete Estados”. Todo, con tal de no recortar los servicios públicos, no introducir el “repago” en la sanidad, al que llaman “copago”, y mantener las prestaciones sociales y la calidad de la enseñanza pública.

Si el presidente se reservó la información sobre los colectivos que se verán afectados por la famosa espada de Damocles, el ministro de Hacienda y Administraciones Publicas, Cristóbal Montoro, intentó tranquilizar a los funcionarios afirmando en el Senado que “el Gobierno no tiene en mente” bajarles el sueldo ni “recortar el empleo en el sector público”. De hecho, ya lo están haciendo las autonomías. Como se sabe, la reforma laboral permite prescindir de los empleados públicos, incluidos los interinos con puesto fijo, y, por supuesto, los contratados laborales, cuando se produzca una reducción presupuestaria.

Ya en el turno de preguntas, Rajoy contestó a Rubalcaba que no tiene previsto cambiar sustancialmente la reforma laboral aunque admitirán enmiendas, dijo al gallego Francisco Jorquera que a él también le fastidia la política de la UE contra nuestra industria naval y respondió a Josu Erkoreka que respeta el sistema autonómico y no es él precisamente quien anima a devolver competencias al Gobierno central. Fue entonces cuando la socialista Soraya Rodríguez denunció que el Gobierno se haya gastado “más de 7 millones de euros” en enviar cartas a los pensionistas, una para decirles que le suben la pensión el 1% y otra para informarles que la subida del IRPF absorbe la revalorización y les baja la paga. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría no encontró palabras para explicar el dispendio. Lógico.