El Gobierno no rebajará el sueldo de los funcionarios, ni recortará empleo público. A pesar del ajuste adicional exigido por Bruselas, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, descartó este miércoles los recortes en una comparecencia ante el Senado. Sin embargo, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas confirmó que el Ejecutivo de Rajoy impulsará “una profunda reforma” de las administraciones públicas. El  propio Rajoy avanzó que esa reforma se aprobará en “las próximas semanas”.

{destacado}Montoro defendió ante el Senado que el Gobierno del PP no se plantea aplicar la tijera al salario de funcionarios, ni tampoco recortar empleo público. “De la medicina anterior hemos quedado saturados”, afirmó el titular de Hacienda. Así, Montoro contraatacaba la acusación del PSOE, que lleva días afirmando que Rajoy planea despedir a 200.000 empleados públicos, una vez pasadas las elecciones en Andalucía y Asturias.

El PP pretende alejar el fantasma del despido entre los empleados públicos. Pero no oculta que, en las “próximas semanas”, tendrá lista una reforma de las administraciones públicas, con un calendario muy preciso, y ligado a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

A finales de marzo, el Gobierno prevé contar con los Presupuestos para 2012 aprobados. Posiblemente, las cuentas públicas incluirán los cambios en las Administraciones. Más tarde, el Gobierno presentará a Bruselas el nuevo Programa de Estabilidad, con los nuevos objetivos de déficit para 2012. El programa, que se llevará a Bruselas antes del 30 de junio, concretará además la senda de ajuste hasta 2015 y el programa nacional de reformas.

Huelga “política” para CEOE

Los planes de Rajoy han chocado en España con la huelga convocada por los sindicatos. Sin embargo, el presidente, que anunció además medidas en materia de competitividad industrial y costes de la energía, recibió un apoyo, muy esperado, este miércoles por parte de la patronal. Para CEOE, los sindicatos utilizan la huelga del próximo 29 de marzo como “instrumento político”.

La patronal, tras admitir que el derecho de huelga está reconocido por la Constitución, defendió que “este derecho se inscribe en el marco de los conflictos colectivos”. Así pues, el derecho a la huelga “no debe ser usado” para oponerse a las decisiones del Gobierno y de las Cortes Generales”, concluyó, tras acusar a las centrales de utilizar ese derecho “como un instrumento político”.

Mientras, las centrales creen que el Gobierno cederá una vez se haya realizado el paro. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, criticó hoy la negativa del Gobierno a abrir «la puerta» de la negociación y advirtió que el » rechazo» sindical «se agravará» cuando se conozca el contenido de los Presupuestos Generales del Estado. Aún asi, Méndez está convencido que la huelga del próximo día 29 será el momento en que el Ejecutivo «empiece a reflexionar».