La Generalitat está muy quejosa por quedar ante sus ciudadanos como la única administración que asume medidas más que impopulares para cumplir los objetivos del déficit. Cuando el gobierno de Artur Mas se enfrentaba de nuevo a los funcionarios catalanes anunciando un nuevo recorte salarial que este año alcanzará el 5%, se sorprendía ante el anuncio de Cristóbal Montoro de no  rebajar el sueldo a sus funcionarios. Para el Govern de Artur Mas esta es una decisión “desleal e irresponsable”, aunque valoran que la decisión final no la adoptarán hasta pasadas las elecciones andaluzas y “entonces veremos si mantienen esta posición”.

Incluso el portavoz del Govern, Francesc Homs, aseguró que “pueden decir misa, ya que tendrán que hacer recortes como ellos mismos admitieron”.  Sin embargo los nacionalistas se quejan de que sus esfuerzos para reducir el déficit no cuentan con el apoyo del Gobierno central, mientras la sociedad se siente discriminada por los tijeretazos que sufre y no ve que estos esfuerzos tengan paralelismo en otras administraciones. Y para más inri, los partidos catalanes comprueban como la apuesta del Gobierno central para la construcción del corredor mediterráneo ferroviario, que es un proyecto que puede permitir relanzar la economía de la zona y reactivar e puede permitir el relanzar la economía, se diluye ante la pasividad del Gobierno central que sigue mareando la perdiz con el corredor central.

Entretanto la Generalitat negocia que el Gobierno le pague “a plazos” la deuda que mantiene con la Generalitat y entretanto busca ingresos de debajo de las piedras.  Entre ellos los 759 millones que el anterior ejecutivo dejó de pagar cuando ya estaban presupuestados y comprometidos por escrito, dejando aparte los reclamados 1.400 millones del fondo de competitividad que el Estado siempre los había adelantado y que esta tradición no escrita la interrumpió el ejecutivo de Rodríguez Zapatero.

Por una parte calcula que con los nuevos impuestos (el medicamentazo, el que grava la gasolina, la tasa turística…) ingresará unos 300 millones, según valoración de su portavoz parlamentario Oriol Pujol, mientras está preparando una nueva emisión de “bonos patrióticos” para particulares de 2.300 millones.