La AEC denuncia cómo se están aplicando las encomiendas de gestión, que son los encargos que realizan las administraciones públicas a órganos que también pertenecen a la Administración para la prestación de determinados servicios. En el documento “El abuso en la utilización de las encomiendas de gestión”, elaborado por la asociación del sector de la consultoría que preside Manuel Pimentel, se evidencia un empleo “incorrecto” y el “abuso” de la figura de la encomienda por parte de las administraciones públicas en detrimento de las empresas especializadas y de la propia Ley de Contratos del Sector Público. Las encomiendas se realizan fundamentalmente a lor organismo, también públicos, Tragsa, Isdefe, Ineco, Inteco y otros similares en el ámbito autonómico

Según el informe de la AEC, la sobreutilización “elimina el factor competencia, incurre en mayores costes para las administraciones públicas y adolece de la falta de experiencia y especialización que supondría contratar empresas altamente cualificadas de la industria de la consultoría”. La crisis económica ha acrecentado el incumplimiento de las condiciones básicas de los trabajos “in house” de las administraciones públicas, ya que los organismos que se sustentan fundamentalmente en las encomiendas de gestión “han excedido claramente sus espacios naturales, actividades concretas en el ámbito de la agricultura, ganadería, defensa e ingeniería”.

Sin cuestionar ni las encomiendas ni la existencia de las empresas públicas que realizan consultorías, la AEC denuncia “la contaminación del origen de estas empresas” e insta a que vuelvan a su esencia, para que cumplan con los fines para los que fueron creados: cubrir áreas de especialización que el mercado no cubre, establecer términos técnicos de referencia de calidad para contratos complejos y seguimiento de programas de gran especialización.

La encomienda de gestión, calificada como una operación interna y excluida del ámbito de la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, surge con la finalidad de obtener una mayor eficiencia en los procedimientos de contratación. La justificación de esta exclusión obedece a que cuando las administraciones utilizan sus propios medios para la obtención de prestaciones de los contratos públicos, esta actuación no reviste la naturaleza jurídica de un contrato, sino que supone una operación interna en el marco de las normas y régimen de funcionamiento del organismo público correspondiente.

Sin embargo, según la AEC, en la práctica se han detectado numerosos casos en los que las administraciones públicas, tanto central como autonómicas, no cumplen en su totalidad con dos de los requisitos que vertebran esa figura que la entidad pública ejerza sobre la entidad encomendada un control similar al que ejerce sobre sus propios servicios y que la encomendada realice la parte esencial de su actividad con las autoridades que la controlan.

El informe de la AEC añade que la contratación de entes instrumentales que carecen de los medios necesarios para cubrir el servicio provoca que “subcontraten a terceros incumpliendo los principios que propugna la Ley de Contratos del Sector Público: publicidad, transparencia y concurrencia”. El presidente de la AEC, Manuel Pimentel, señala que su asociación pide “que la figura de las encomiendas de gestión no se convierta en un atajo para evitar el concurso público y que la administraciones públicas no alimenten ficticiamente a empresas de titularidad pública, que últimamente han aumentado considerablemente su tamaño”. A juicio de Pimentel, las administraciones públicas “deben convertirse en paradigma de racionalización y de uso eficiente de los recursos públicos”.

La AEC agrupa a 26 empresas, las más importantes compañías españolas de consultoría y tecnologías de la información y es la referencia del sector en nuestro país. Es miembro de FEACO (Federación Europea de Asociaciones de Consultoría). El sector de consultoría y tecnologías de la información suponen casi 10.000 millones de euros de volumen de negocio anual y dan empleo a 120.000 personas, de las que el 70% son titulados superiores mientras que la media en el conjunto de los sectores productivos en España se sitúa en el 25%. Las empresas que forman parte de AEC son: Accenture, Altran, Atos, Capgemini, Delaware, Deloitte, Ernst & Young, Everis, GFI Informática, Hay Group, IBM, Indra, Informática El Corte Inglés, Insa, IOR Consulting, Neoris, Oesía, PWC, Ayesa (Tecnologías Sadiel), Steria, T-System, Tea-Cegos, Tecnocom, Telvent, Unisys, Vass.