La Generalitat se quiere asegurar que el gobierno de Rajoy es serio y cumple sus compromisos económicos. Si Rodríguez Zapatero dejó el pasado año al Govern desamparado al no abonarle los 759 millones comprometidos, lo que estuvo a punto de provocar que la Generalitat no pudiera pagar las nóminas de diciembre a sus funcionarios, ahora Josep Antoni Duran Lleida condiciona el pago de los 219 millones contemplados en la disposición adicional tercera para el año 2009 su apoyo a la Ley de Presupuestos que el Congreso debatirá el próximo día 30.

Duran Lleida, que da por sentado que las arcas de la Generalitat recibirán los 759 millones que el Gobierno tenía que abonar el pasado año, afirmó en TV3 que esta es “una condición necesaria, pero no suficiente” para que los diputados de CiU voten afirmativamente a los presupuestos “porque hay que ver cómo se aumentan los ingresos, porque el Gobierno ya ha dicho que no quiere subir los impuestos especiales , y qué medidas adoptan para reactivar la economía”.

En cambio el dirigente democristiano da casi por perdido el adelanto de los 1450 millones del fondo de competitividad que tanta polvareda levantó en Catalunya el año pasado al romper el Gobierno socialista la tradición de abonarlos dos años antes de su vencimiento (que es el 2013) y consideró que esto era un acto voluntario que no se repitió el pasado curso.

Duran Lleida aseguró que “de momento” no ve en el Gobierno actitudes recentralizadoras, sin embargo valoró –a preguntas de la entrevistadora- que durante la transición se pactó dar autonomía a las comunidades que lo reclamaran, no el café para todos, y recordó que algunas regiones no tenían esta aspiración. “La gran reforma pendiente es volver a los orígenes”, señaló. Esta actitud no es nueva, cíclicamente aparece la insinuación que la autonomía política históricamente sólo la reivindicaban Catalunya y el País Vasco y para deshacer el alto grado de nacionalismo que emanaba esta propuesta en las dos comunidades citadas, decidieron desde el  gobierno que lideró la transición extender el estado autonómico a todas las regiones, que era una manera de descafeinar las reclamaciones de las dos nacionalidades históricas.