El expresidente y actual consejero de Estado José Luis Rodríguez Zapatero pudo haber subido los impuestos a los más ricos, pero no lo hizo. Pudo obligar a los “treinta principales” a los que reunía en La Moncloa a aportar más, o sea, un mínimo equitativo a lo que exigía a las pymes, pero no lo hizo. Ya sabemos que para Zapatero “los impuestos no son de derechas ni de izquierdas”, según repetía cuando le venía en gana mientas la Agencia Tributaria apretaba el dogal del IRPF a los salariados. Con el PSOE en la oposición y Alfredo Pérez Rubalcaba al frente, las cosas se ven de otra manera. Y así, su portavoz parlamentaria, Soraya Rodríguez, acaba de registrar dos proposiciones no de ley pidiendo al Gobierno un impuesto sobre grandes fortunas y una revisión al alza del Impuesto de Sociedades de las grandes corporaciones, lo que permitiría recaudar 10.000 millones de euros más.

Vamos por partes. En primer lugar, la “proposición no de ley” es una figura deletérea que permite al Gobierno, en el improbable caso de que sea aprobada por el Congreso, una interpretación muy amplia del fin que persigue. En el caso del proyecto de ley de grandes fortunas que reclama el PSOE en un plazo de tres meses, ni siquiera el nombre agrada al Gobierno. Detrás de la ampulosidad de los términos no hay mucho más que la revisión del impuesto sobre el patrimonio que, como es sabido, repuso a última hora la vicepresidenta económica Elena Salgado con carácter provisional.

Si Salgado, ahora compañera de su antecesor Pedro Solbes y del expresidente José María Aznar en el consejo de Endesa –aunque lo suyo sea la filial Chilectra que le permite compatibilizar la remuneración pública de exvicepresidenta con la privada– estimó en algo más de 1.000 millones de euros la reposición del impuesto sobre el patrimonio, los socialistas cuantifican en 3.000 millones de euros el impuesto sobre grandes fortunas para gravar la riqueza independientemente de donde esté invertida. Quieren que la ley se aplique a quienes eluden impuestos mediante sociedades instrumentales, incluidas las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV), y que contenga las previsiones necesarias contra los refugios en paraísos fiscales.

La segunda proposición no de ley sobre la revisión del Impuesto de Sociedades, reportaría, según sus cálculos, 7.100 millones anuales suplementarios a partir de 2012. Para ello proponen que se modifique el decreto de 5 de marzo de 2004 con el fin racionalizar los beneficios fiscales y limitar la caída de la recaudación. Su idea es establecer “una nueva cuota mínima” sobre el resultado contable positivo, limitar la deducibilidad de los gastos financieros en los grupos de sociedades y, entre otras cosas, corregir los abusos que puedan producirse en la deducción por doble imposición.

Según los proponentes, el impacto de la crisis y el desplome de la recaudación procedente del sector inmobiliario nos ha situado 8 puntos por debajo del promedio de la zona euro. La capacidad recaudatoria del Impuesto de Sociedades ha bajado en términos de caja de 44.823 millones de euros en 2007 a 16.198 en 2010. Esta reducción de ingresos se intensificó un 20% en 2010 respecto al ejercicio 2009, cuya recaudación fue de 20.188 millones. Sin embargo, los beneficios declarados a la CNMV por las sociedades que cotizan en bolsa muestran un aumento que contrasta con la disminución de un 15,4% de la base imponible, lo que refleja un creciente desajuste entre los beneficios contables de las empresas y los pagos impositivos que realizan.

Por lo que se refiere a los grandes grupos consolidados, la reducción del tipo efectivo sobre el resultado contable positivo ha sido extraordinaria en los últimos años. Así, si se analiza el año 2009, el tipo medio sobre el resultado contable positivo es, en conjunto, del 9,9%, pero en los grupos consolidados desciende hasta el 6,9%. En cambio, las sociedades no integradas en grupos tienen un tipo medio del 12,9%, aunque, si se eliminan las que tienen un tratamiento especial, el tipo se eleva al 14,8%. El diferente comportamiento de las empresas, según pertenezcan o no a grupos, es evidente e injusto, según acaban de descubrir ahora, ya libres de Zapatero y la Salgado, los dirigentes del PSOE.

Según el grupo socialista, es evidente que existen grandes corporaciones que aprovechan en su beneficio todas las ventajas fiscales. Para corregir esta situación, países como Alemania, Dinamarca u Holanda limitan las deducciones fiscales, mientras que en EEUU y Canadá utilizan un impuesto mínimo de manera que se asegura que todos los contribuyentes pagan al menos una cierta cantidad por el impuesto, ya sean personas físicas o empresas. Y añaden en su propuesta: “En España, establecer un impuesto mínimo alternativo del 15% sobre el resultado contable positivo (antes de aplicar la mayoría de los ajustes que reducen la base) a partir de 2012 supondría recaudar 7.100 millones de euros procedentes de los grandes grupos consolidados que tienen un tipo medio sobre el resultado inferior al 15%”.