La Universidad se siente abrumada por la crisis económica y cada día se esbozar nuevas propuestas de reforma, algunas cuando menos muy difíciles de aplicar y hasta utópicas.

En este escenario, la imposición de un mínimo de alumnos para autorizar o mantener una carrera cobra fuerza. El propio ministro de Educación, José Ignacio Wert, y la secretaria general de Universidades, Amparo Camarero,  se han mostrado en distintos foros a favor de una medida de esta naturaleza para “racionalizar” la oferta de títulos, aunque dejarán en manos de una comisión de expertos el diseño de los cambios. Junto a esta posibilidad, se aventan otras como la fusión de estudios similares y el mantenimiento de títulos de especial tradición, singularidad y renombre.

José Ignacio Wert fija la línea racional en apenas medio centenar de estudiantes y apoya su idea en que el 42% de las titulaciones ni siquiera llegaba a esos límites en el curso 2008-2009. No obstante, los problemas económicos y las negras expectativas de empleo han incrementado en un 10% el número de alumnos universitarios. Sin embargo, el significativo desfase se mantiene y en determinados estudios el número de matriculados es casi testimonial..

La iniciativa del Gobierno puede verse favorecida, como viene ocurriendo en los últimos tiempos y en diferentes áreas de la sociedad, por la actitud de Cataluña. En efecto, la Generalitat revisará, con vistas a reordenarlas el próximo curso,  las carreras que no consigan un mínimo de 40 estudiantes matriculados. Esta es una posibilidad que alienta desde el curso 2010-11, pero que no ha materializado sino en determinados másteres, a pesar de que el Consejo Interuniversitario de Cataluña sugirió en noviembre de 2011 unos límites de 40 alumnos para los grados y de 20 para los másteres. No obstante, el Gobierno de Artur Mas sigue firme en su idea y quiere que las universidades deciden sobre el modo de materializar la oferta. El secretario de Universidades de la Generalitat, Antoni Castellá,  apela a las tres mencionadas posibilidades (supresión, fusión o mantenimiento excepcional) en caso de que la Universidad correspondiente sea incapaz de captar el mínimo de estudiantes para una determinada titulación.

Pero no solo Cataluña puede ser el espejo en el que se mire Educación; Galicia ya aprobó en diciembre pasado un mínimo de entre 45 y 50 alumnos para autorizar carreras superiores, a partir del curso 2013-14. Las carreras ya implantadas que, en los dos últimos años, no cumplan esos requisitos deberán elaborar un plan de viabilidad para ajustarse a la demanda.

Con todo, acabar con el exceso de la oferta de plazas universitarias será una tarea complicada y polémica.

Compensación por estudiantes de otras regiones

Por otra parte, Cataluña alienta otra demanda sobre la financiación de las universidades. La Secretaría de Universidades de la Generalitat ha trasladado el Ministerio de Educación que los 12.000 estudiantes de fuera de la comunidad que están matriculados en sus campus generan un déficit de unos cien millones de euros, y pretende que ese déficit sea enjugado por el Estado.

La secretaria general de Universidades del Ministerio de Educación ha sido informada de este y de otros asuntos como el incremento del precio de las matrículas –Cataluña es, con una subida del 7,6%, la comunidad que más las ha subido este curso- , las becas y el sistema de gobierno de las universidades.

El gobierno catalán quiere, sin embargo,  ser «discreto y cuidadoso» con las cifras generales ya que «no son una ciencia exacta» y hay algunos formularios en los que ni siquiera se requiere que los alumnos digan de dónde provienen. Por esta razón, esperará hasta la próxima Conferencia General de Política Universitaria, que se celebrará previsiblemente en abril, para conocer la opinión del Gobierno de Mariano Rajoy sobre éste y otros temas.

Actualmente, los estudiantes sufragan con su matrícula alrededor del 15% del coste total de su puesto universitario, mientras que el resto lo paga la administración correspondiente.  La Generalitat pretende que cada comunidad autónoma pague la parte pública de la matrícula que no cubren los alumnos y que se haga con carácter general, mediante una fórmula similar la sanitaria..

De hacerse realidad la propuesta catalana, habría regiones como Andalucía y Madrid, que cobrarían más, ya que cuentan con más de 14.000 estudiantes de otras comunidades.

Medios universitarios advierten de posibles trabas legales para aplicar esta eventual medida resaltan que puede chocar con el llamado distrito abierto o único, que funciona desde hace más de una década y  por el que los estudiantes españoles pueden optar a una plaza en cualquier distrito universitario, con independencia de donde haya aprobado la Selectividad.