Iberdrola perfila su estrategia para afrontar su nueva junta de accionistas, que podría celebrarse en mayo o en junio -todavía no está convocada-, con la posibilidad de que el Tribunal Supremo haga pública su posición contra los blindajes que limitan los derechos políticos de sus accionistas al 10%. El Supremo se reunió el pasado día 7 marzo para debatir sobre el recurso presentado por su primer accionista, la constructora ACS, para eliminar ese tope, pero todavía no se ha hecho pública su decisión.

ACS, su primer accionista que ha promovido este recurs0, intenta poder votar por la totalidad de su participación que se eleva al 19% de las acciones. De esta forma, aunque no esté presente en el consejo de administración, tendría más posibilidades para lograr hacer más viable sus objetivos y propuestas.

Por ello, Iberdrola se está preparando ante una junta en la que se pueden repetir los enfrentamientos de ediciones pasadas, y en condiciones diferentes.  Y lo hace en parte chequeando las opiniones de sus accionistas institucionales extranjeros -los fondos controlan más del 60% del capital- sobre cada uno de los puntos que se llevarán a la junta, desde los dividendos a la medidas para el buen gobierno, transparencia y responsabilidad social corporativa (RSC) de la empresa. Son los socios en parte más difíciles para una empresa, por más que su presencia sea un síntoma del apoyo al grupo y a la gestión. Otros accionistas relevantes de la eléctrica son Kutxa Bank y Bankia.

En este contexto, en medios de los gestores de fondos se baraja la posibilidad de que se nombre próximamente un consejero delegado para apoyar al presidente Ignacio Galán. No obstante, dada su personalidad no parece una medida especialmente necesaria a no ser que sea reclamada por los gestores de fondos que apoyan una estructura de reparto de poderes más próxima al mundo empresarial anglosajón. En cualquier caso sería una persona ya próxima al grupo. Galán cuenta ahora con otra baza a su favor: el fracaso de la operación Pemex-Sacyr contra Repsol.