La Comisión Nacional de la Competencia ha iniciado la investigación de posibles prácticas anticompetitivas en el ámbito de los programas de accesibilidad para personas con discapacidad. A tal efecto, ha procedido a la incoación de un expediente sancionador y ha llevado a cabo inspecciones en la Fundación ONCE, Fundosa Grupo SA y Fundosa Accesibilidad SA (Vía Libre).

Este 27 de marzo, inspectores de la dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) han llevado a cabo inspecciones en la Fundación ONCE y sus empresas Fundosa Grupo y Fundosa Accesibilidad (Vía Libre) bajo la sospecha de supuestas prácticas anticompetitivas, en el contexto de los convenios marco de colaboración entre la Fundación ONCE y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) para desarrollar programas de accesibilidad universal dirigidos a promover la cooperación e integración social de personas con discapacidad.

De acuerdo con la información disponible, la gestión de dichos convenios otorgaría a la Fundación ONCE la posibilidad de controlar el diseño y ejecución de los proyectos de accesibilidad, favoreciendo a sus empresas en las licitaciones para desarrollar dichos proyectos y dificultando la adjudicación a sus competidores.

Así, la CNC ha incoado el expediente sancionador S/0408/12 a la Fundación ONCE, Fundosa Grupo y Fundosa Accesibilidad.

El objeto de las inspecciones ha sido verificar la existencia, en su caso, de actuaciones de las empresas implicadas que podrían constituir prácticas restrictivas prohibidas por la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC) consistentes en favorecer, a través de la gestión técnica de los Convenios Marco de colaboración con el IMSERSO para el desarrollo de programas de accesibilidad para la integración social de personas discapacitadas, a empresas de la Fundación ONCE, dificultando la concurrencia de los competidores en igualdad de condiciones.

Las inspecciones suponen un paso preliminar en el proceso de investigación de la supuesta conducta anticompetitiva y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de la entidades inspeccionadas.

Asimismo, la incoación de este expediente sancionador no prejuzga el resultado final de la investigación formal. Se abre ahora un plazo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente correspondiente y para su resolución por la Comisión Nacional de la Competencia.