El Gobierno borró hoy de un plumazo 1.557 millones destinados a políticas activas de empleo. La magnitud de la suma se revela al compararla con otras partidas: es casi equivalente al gasto completo del Ministerio de Justicia y supera -de largo- el presupuesto entero del Ministerio de Exteriores. “Si algo no es operativo, hay que cambiarlo”, afirmó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, encargado de cuadrar las austerísimas cuentas públicas españolas de 2012, durante la presentación este viernes tras el Consejo de Ministros.

Muchas voces venían reclamando desde hace tiempo un cambio de rumbo en la ejecución de las llamadas políticas activas de empleo. Este capítulo se dedica fundamentalmente a formación de los trabajadores y a subvencionar los contratos, mediante bonificaciones. Las mayores críticas se centran en este último apartado. Y numerosas voces piden desde hace tiempo que se eliminen estas ayudas que cobran los empresarios cuando contratan a un trabajador. Muchos expertos las consideran innecesarias, al estimar que esas contrataciones se producirían igualmente sin necesidad de subvención.

Sin embargo, el Gobierno no concretó hoy donde aplicará el recorte, sobre la formación o sobre las bonificaciones. Habrá que esperar al martes para conocer más detalles, cuando lleguen al Congreso, sobre los Presupuestos del Estado para 2012. Un día antes, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, podría ofrecer alguna pista el lunes, durante una comparecencia en el Senado.

Sin embargo, la reforma laboral actualmente en trámite parlamentario prevé una importante partida en estas bonificaciones. Por su parte, los empresarios reclamaron la semana pasada que este dinero que se paga en cada nómina -un 0,7 por ciento- siga dedicándose a formación, como hasta ahora.

Recorte de 2.500 millones en el SPEE

En total, el presupuesto del Servicio Público de Empleo (SPEE)se reduce en 2.458 millones de euros, un 15,6 por ciento. Más llamativo es el caso del Fondo de Integración de inmigrantes, que directamente desaparece, al perder sus 67 millones de dotación del año pasado. Este organismo también depende del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que sufre un recorte en conjunto del 7,4 por ciento.

En términos porcentuales, el tijeretazo en el Ministerio de Empleo parece menor, sobre todo si se compara con el insólito 54 por ciento de recorte que sufre el Ministerio de Exteriores. Sin embargo, en términos absolutos, el recorte en Empleo es muy superior a los del resto del ministerios. No en vano, Empleo aparece como el ministerio con mayor potencia de gasto, con 20.924 millones de euros presupuestados, el triple que los departamentos más gastadores. El Gobierno, sin embargo, no recortará el capítulo dedicado a prestaciones por desempleo.

Diferencias en  las críticas de CCOO y UGT

Los recortes en políticas de empleo previstos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) merecieron las críticas de los sindicatos. En general, las centrales critican las cuentas públicas por imposibles y acusan al Gobierno de intentar un ajuste que deprimirá la economía y hará saltar hasta los 6 millones las listas del paro.

Sin embargo, el Ejecutivo encontró un inésperado aliado en CCOO, el sindicato que aplaudió las medidas tributarias, a la espera de conocer las cuentas en profundidad. Así, CCOO aplaudió la subida del Impuesto de Sociedades anunciada por el Gobierno, si bien no comparte el carácter temporal de la medida, que se realizará mediante la eliminación de incentivos.

En cambio, la subida del Impuesto de Sociedades no gustó a los empresarios de CEOE y Cepyme. Con todo, los patrones dijeron que el Presupuesto es “creíble y austero” e “imprescindible” para recuperar la credibilidad de los mercados internacionales y restaurar el crédito a las empresas.

En cambio, las centrales sindicales rechazan la “amnistía fiscal” planteada por el Ejecutivo, como califican lo que el Gobierno llama “regularización” tributaria, y con la cual prevé recaudar 2.500 millones. En particular, CCOO reprocha la indulgencia del Ejecutivo con los defraudadores y dice que se ofrece mal ejemplo a quienes sí cumplieron con sus obligaciones tributarias.