Los violentos incidentes que se produjeron en Barcelona por grupos antisistema el pasado 29 de marzo aprovechando la huelga general puede ser la gota que colme el vaso para endurecer considerablemente las penas para los protagonistas de estos actos. Los destrozos que produjeron en el mobiliario urbano este día superan el medio millón de euros (sin contar los gastos a los comercios privados), la movilización de 9.400 agentes policiales propició la detención de 42 detenidos en Barcelona, pero la justicia, de acuerdo con la legislación actual, sólo ordenó el ingreso en prisión a cuatro de ellos, aunque uno lo hizo por no poder pagar la fianza de 3.000 euros.

Barcelona se ha convertido desde hace años en un importante centro europeo de la violencia callejera. Fiestas mayores de barrios tradicionales como pueden ser Gràcia o Sants, las celebraciones deportivas o las protestas sindicales son el marco que escogen estos grupos para provocar importantes altercados. Ello propicia que las bandas locales vean incrementados sus efectivos el día de estas concentraciones por grupos que vienen expresamente a la ciudad.

Desde hace tiempo las autoridades reclaman un mayor castigo a los participantes en estos actos vandálicos. Tras los hechos del día 29 el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, fue el primero en alzar la voz al reclamar que la ciudad «no puede ser la ciudad del miedo», y denunció que los detenidos por estas actividades, muchos de ellos reincidentes, entran en comisaría por una puerta y salen por otra». También el conseller del Interior, Felip Puig, tiene contabilizados a unos dos mil individuos que son habituales en este tipo de altercados y también reclamó un endurecimiento de las penas, mientras el alcalde de la ciudad también reclama que se dote a la justicia de una legislación que permita sacar de la circulación a delincuentes habituales, como pueden ser carteristas, tironeros, vendedores ambulantes, trileros que se concentran especialmente en las zonas turísticas y actúan con casi total impunidad.

Esta vez las reclamaciones parece que han tenido eco tanto en el ministerio del Interior como el de Justicia. El actual titular de Interior, Jorge Fernández, buen conocedor de la realidad barcelonesa (circunscripción que elección tras elección le ratifica como diputado) fue contundente al afirmar, en declaraciones a TV3 que «Barcelona no puede convertirse en la capital de los antisistema de Europa» y aseguró que están trabajando con el titular de Justicia para cambiar la legislación y que los protagonistas de los episodios de violencia urbana reciban un castigo similar a la que tienen los detenidos por la kale borroka y que lleve a prisión a los que protagonicen estos actos violentos. Actualmente las penas para este tipo de delitos son de un año y prevén que en un futuro inmediato oscilen entre dos y cuatro años, lo que permitirá a los jueces decretar la prisión provisional de los detenidos». Fernández Díaz asegura que con estas medidas «se equiparará la legislación a la de países como Francia o el Reino Unido, que no tienen complejos en preservar la paz pública desde su tradición democrática». Por otra parte el ministro aseguró que «los antisistema actúan con una agresividad planificada, con orgullo de la agresión, el anonimato y una gran habilidad para hacerse pasar por víctimas».