El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristobal Montoro, traslada este martes santo al Congreso las cuentas del Reino. Es el Presupuesto de “Dios nos coja confesados”, de ajuste duro y monte Calvario. Para la oposición no es, desde luego, el que España necesita. La supresión de unas partidas y la  reducción de otras por valor de 27.000 millones de euros para cumplir el mandato de Bruselas acentúan la recesión más allá del 1,7% del PIB estimado por el Gobierno y supone un aumento del paro estimado por la Fundación Ideas del PSOE en 800.000 personas más. El mensaje de que en España no hay trabajo y hay que irse al extranjero va calando en la juventud mejor preparada como en los peores tiempos.

El Gobierno con más economistas de la historia en su seno –Luis de Guindos, José Manuel García Margallo, Cristobal Montoro, Fátima Báñez, Miguel Arias Cañete y José Manuel Soria (no sé si me dejo alguno)– no ha logrado de Bruselas (Alemania y Francia) la gracia que, por afinidad política e ideológica, algunos esperaban para hacer más llevadera la contracción. Incluso, como destaca el portavoz de IU, José Luis Centella, el Ejecutivo ha tenido que sufrir “el ridículo” de ver cómo le recortaran las alas al presidente Rajoy en 5.000 millones de déficit en una noche.

La eurozona es un lugar despiadado en el que no cuenta la elevadísima tasa de paro, o sea, las personas, y el Banco Central Europeo (BCE), un instrumento al margen de los Estados que sólo aplica la política de los dos botones: uno para dar dinero a los bancos al 1% y otro para que compren deuda pública al 4%, se forren y lo devuelvan. Y los Estados, lógicamente, pagan los intereses con los impuestos de los ciudadanos, detrayendo sumas crecientes de los recursos que deberían destinar a mantener y mejorar los servicios sociales.

Con ese sencillo esquema y la exigencia añadida de reducir el déficit de las administraciones públicas al 3% en 2013, se explica el fenómeno del enriquecimiento sin pausa de los más ricos y el empobrecimiento a toda prisa de la mayoría de la sociedad, con una sima cada vez más profunda. Argumenta Rajoy con mucho fundamento que no podemos gastar lo que no tenemos porque llegará el momento de que no nos presten e, incluso, de que intervengan nuestras finanzas públicas.

Pero si la banca concede créditos hipotecarios a 40 años, ¿por qué las derechas europeas exigen la reducción de la deuda a toda prisa y unos compromisos de déficit que se llevan por delante cientos de miles de empleos y liquidan los servicios públicos en detrimento de los más necesitados? ¿No estamos ante un ajuste ideológico contra la socialdemocracia? Ese es el debate de fondo que va a vivir el Congreso. Los derechos sociales de los trabajadores y sus organizaciones sindicales deben caer como cayó el Muro de Berlín. Lo ha dicho Esperanza Aguirre.

El “Presupuestos de guerra”, como lo califica el ministro García Margallo, incluye la decisión impúdica de amnistiar a los defraudadores –previa tasa del 10%– a ver si aflora el dinero negro y regresa de donde la banca privada de inversión lo haya colocado. Era algo que venían pidiendo desde el otoño pasado y a lo que Rajoy, ayer contrario a esa “ocurrencia”, ha prestado buen oído, pues no hay derecho a que sus titulares no puedan obtener la pingüe rentabilidad que les corresponda de los futuros bonos autonómicos, la deuda del Estado e, incluso, con algo de suerte, de la Bolsa y las empresas. En las macetas de Hacienda aflorará alguna petunia, dice Montoro.