La cooperativa de l’Aldea (Tarragona) decidió en asamblea general desprenderse de la sección de crédito y reestructurar la sección agraria. Esta decisión, tomada por 274 votos a favor y cinco abstenciones (35 socios no votaron), supone la presentación del concurso de acreedores y también la búsqueda de un nuevo consejo rector antes de junio. El nuevo consejo deberá contar con impositores afectados por la quiebra de la sección de crédito. Mientras tanto, una junta de transición, formada por miembros de la actual dirección y por afectados, deberá tomar “decisiones drásticas”, como un ERE sobre la plantilla de la cooperativa (ahora formada por una docena de trabajadores, tras el despido del gerente y de un empleado). Y al mismo tiempo captar nuevos socios agricultores para triplicar la dimensión de la cooperativa (ahora es de 50 hectáreas).

Pero l’Aldea, que contaba con un acuerdo con Caja Madrid (Bankia), quiere que la Generalitat se implique, “porque creemos que sin esta ayuda no podremos tirar adelante”, señala un portavoz. El Gobierno autonómico se resiste a utilizar el Institut Català del CrèditAgrari, o el InstitutCatalà de Finances, y prefiere limitarse a su función de tutela. En la cooperativa piden también la implicación del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

No obstante, la Generalitat, que ha exigido la desaparición de la sección de crédito, está trabajando en la captación de agricultores de fuera de l’Aldea para la cooperativa, asumiendo incluso puestos en la nueva dirección.

Pero l’Aldea no es la única cooperativa que sufre problemas con su sección de crédito. Los 1.800 socios de San Isidro, en Malpartida de Plasencia (Cáceres), y la sección de crédito más antigua de Extremadura (fue fundada en 1928), han optado por integrar ésta en CajAlmendralejo. Éstos barajaron la transformación de la sección en cooperativa de crédito, como caja rural, pero el Banco de España no quiere más entidades hasta que no finalice el proceso de concentración. Y han recurrido a la integración de su sección de crédito, que tenía un acuerdo con Caja Duero, en la rural extremeña. Almendralejo, que recibe así un volumen anual de negocio de unos 32 millones de euros, está implicada en la fusión virtual con las rurales de Utrera, Baena, Adamuz, Nueva Carteya y Cañete de las Torres.

Por su parte, los socios de la cooperativa vinícola de Montblanc (Conca de Barberà) han decidido disolver la entidad (fundada en 1906) y su sección de crédito. En una asamblea, aprobaron vender el edificio de la cooperativa al Ayuntamiento por 800.000 euros, el mismo dinero con el que cuenta la sección de crédito. El consistorio quiere convertir ahora la cooperativa en una agrotienda turística.

Regulación autonómica

Las secciones de crédito, que no tienen personalidad jurídica propia, son departamentos que crean algunas cooperativas como instrumento financiero, y no están reguladas ni supervisadas por el Banco de España, sino por las comunidades autónomas. En Cataluña hay 250 cooperativas, de las que 180 tienen sección de crédito, con un volumen medio de 10 millones de euros. En la Comunidad Valenciana existen 52 secciones de crédito. Figura que también es frecuente en Extremadura y, sobre todo, en Andalucía.

El control llega tarde en Cataluña

El corralito de la sección de crédito de la cooperativa de L’Aldea, que durante diciembre de 2011 mantuvo bloqueadas las cuentas de sus 1.790 socios, ha disparado la alarma sobre la situación real de estas instituciones. Desde este caso, la Generalitat está trabajando en un plan que estructure las secciones de crédito de las cooperativas agrícolas. En 1985 el Gobierno catalán las reguló, y en 2010 el conseller de Econonmía, Antonio Castells, promovió un decreto que endurecía los controles sobre las secciones de crédito, que entra en vigor precisamente este año.

El decreto impone la obligación de una auditoría anual y prohíbe la pignoración de los depósitos de los socios de las secciones de crédito, que sólo los pueden captar mediante acuerdos con entidades financieras (L’Aldea, con Bankia, por ejemplo).

En Barcelona, Lleida y Tarragona, se calcula que las secciones de crédito de las cooperativas suman 691 millones de euros en depósitos. En estas tres provincias hay 23 localidades sin sucursales de entidades fianncieras, con lo que todas las cuentas de los vecinos se localizan en las cooperativas.

Solo 94 de las cooperativas con sección de crédito están asociadas a la Federació de Cooperatives Agráries de Catalunya (FCAC). Catalana de CAC. En Cataluña, las cooperativas más grandes están vinculadas al arroz. Las dos mayores mueven más de 36 millones de euros anuales. Las ligadas a la ganadería están en los 17 millones. Según datos de la FCAC, las que se ocupan de la fruta dulce, los cítricos y la huerta, mueven siete millones, y las de vino y aceite dos millones o tres millones al año. Hay 45 cooperativas muy pequeñas, que apenas facturan un millón de euros al año. La FCAC defiende que hay demasiadas cooperativas y que la salida es fusionarse, antes que desaparecer, como ha hecho la de Montblanc.

Bajo el paraguas de las rurales en Levante

Al menos la mitad de las 52 secciones de crédito de cooperativas de la Comunidad Valenciana se encuentra bajo el paraguas de Cajas Rurales Unidas (CRU), el grupo formado por las fusiones en torno a la almeriense Cajamar y por Cajas Rurales del Mediterráneo (CRM), impulsado por la valenciana Ruralcaja. CRU suma 25 rurales de Almería, Comunidad Valenciana, Canarias y Baleares. Esta situación, y los convenios suscritos entre 24 secciones de crédito y las rurales integradas en CRU, hacen prácticamente imposible que se produzca un caso como el de l’Aldea.

Pero hay motivos para la preocupación, sobre todo por el impacto que puedan tener los problemas de las secciones de crédito en las cajas rurales con las que tienen acuerdos. Muchas secciones de crédito han desarrollado labores más amplias de aquellas que les son propias, que es anticipar pagos a los socios a cuenta de las cosechas. Algunas incluso han realizado operaciones en el sector inmobiliario, que han provocado pérdidas. Ya en 2002 el entonces conseller de Economía, Vicente Rambla, criticaba que algunas cooperativas buscaban en sus secciones de crédito “áreas de negocio más rentables pero también más arriesgadas que desvirtuaban sus objetivos fundacionales”.

En 1995, existían 135 secciones de crédito en la Comunidad Valenciana. Desde entonces, el número se ha ido reduciendo. En 2001, 26 de estas instituciones se unieron y crearon una caja rural, CréditValència, que está integrada ahora en Cajas Rurales Unidas.