No sé si les he dicho que Jesús Posada, el presidente del Congreso, es un conversador ameno, amable, de los que saben escuchar y agradecen los buenos razonamientos. La Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) celebró el lunes un desayuno con él, y la conversación derivó enseguida hacia los ajustes y los recortes económicos. Estamos ante los Presupuestos más austeros desde que comenzó el siglo. Todas las partidas bajan, las del Congreso también. A los diputados, como es sabido, se les ha suprimido el fondo de pensiones (300 euros al mes) que sufragaba la Cámara. Rosa Díez lo pidió en su día y ahora lo cumple el PP. La austeridad se nota también en los viajes y en las inversiones. La reducción del gasto de sus señorías, con el sueldo aminorado el 10% hace dos años y congelado desde entonces, se estima entorno a un 5,3%.

A Jesús Posada no le gusta el llamado “copago” o el “repago” de los servicios sanitarios. “No es el sistema que mejor me parece”, dice, “pero hay que estudiarlo y si no queda más remedio, hay que hacerlo”, añade para publicar. No cree que España esté “al borde de la intervención”, pero afirma que sería positivo “un gran acuerdo” de las principales fuerzas políticas con responsabilidades de gobierno para hacer frente al ajuste y a los recortes, de modo que los mercados no sigan elevando el precio de nuestra deuda pública y, sobre todo, privada, y estrangulando al país.

Hasta aquí la sensatez. Y a partir de aquí, ya veremos. La ley de estabilidad fiscal y presupuestaria, que se aprobará definitivamente el jueves, sería una oportunidad inmejorable para expresar la unidad de las dos grandes fuerzas políticas y de los nacionalistas. Pero eso sólo ocurrirá si el ministro Cristobal Montoro abandona el dogmatismo del “déficit cero” en 2020, deja de ser más ortodoxo que la señora Merkel y permite al PP reponer el medio punto de déficit que pactó con el PSOE cuando entre ambos reformaron la Constitución para garantizar el pago de la deuda.

Otra oportunidad de demostrar el compromiso común contra la crisis vendría dado por la Conferencia de Presidentes que, según una destacadísima dirigente del PP, se celebraría en junio. Sería el momento definir las prioridades de la financiación pública, incluidas las llamadas “carteras básicas” de la prestaciones sanitarias y educativas universales y gratuitas. Sin embargo, tras los reveses electorales en Andalucía y Asturias, Mariano Rajoy ha aparcado la conferencia y ha optado por los recortes a palo seco: 10.000 millones de euros en las transferencias a las autonomías para sanidad y enseñanza.

El anuncio del recorte, mediante una nota de prensa genérica, emitida desde La Moncloa, no ayuda a hacer amigos precisamente. El ministro Luis de Guindos suelta la especie en la prensa alemana, La Moncloa la confirma y al profesor Montoro le toca ahora estructurarla, lo que equivale a bailar con la más fea. ¿Qué servicios sanitarios y escolares tendremos que pagar?, ¿a partir de qué nivel de renta familiar?, ¿qué margen de actuación les quedará a las autonomías?, y, sobre todo, teniendo en cuenta que de los 14 millones de contribuyentes del IRPF, 1.694.967 no llegan a 10.000 euros de ingresos anuales y 5.679.588 están por debajo de 20.000 euros, lo que supone la mitad de los paganos, ¿cuántos enfermos crónicos y no crónicos palmarán debido al orden de prioridades entre los de pago y los de beneficencia? ¿Y cuánto aumentará la burricie y el fracaso escolar con aulas de 40 alumnos y unos profesores mal tratados y peor pagados?

Recordarán ustedes la famosa carta del presidente del Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet a Rodríguez Zapatero el 7 de agosto de 2011, que sirvió de detonante de la acelerada reforma de la Constitución. Nunca conocimos su contenido, pero su tono oscilaba entre la insolencia y la exigencia. Zapatero, al contrario de lo que hizo Silvio Berlusconi, la ocultó a la opinión pública. Por cierto que el periodista Mariano Guindal la ha incluido en un libro de próxima aparición. Berlusconi liquidó 38 provincias mediante la agrupación de ayuntamientos, aumentó la edad de jubilación a las mujeres, recortó las pensiones y hasta se cargó los puentes entre días festivos.

Aquí Rajoy ha convertido aquel catálogo de exigencias en eso que llaman “hoja de ruta” de su gobierno. Y aunque no teme que le plantifiquen un tecnócrata estilo Monti, pues su situación política es tan boyante que se permite despreciar las huelga generales y amnistiar a los defraudadores, la dieta de adelgazamiento va a dejar exhaustos los servicios públicos, como exige la UE de los mercaderes, que ni es Unión ni es Europea como su nombre indica. Si lo fuese, contaría con un auténtico Banco Central, no atacaría los derechos sociales, no deprimiría el consumo ni desmantelaría los servicios sociales, profundizando la sima entre pobres y ricos. Ni el propio Rajoy se cree que la purga de Fierabrás que no tiene más remedio que obligar a beber a los españoles produzca la mejoría de los garrotazos que nos están dando, pero como admite Posada, a lo mejor gana la socialdemocracia en Francia y Alemania y flexibiliza las condiciones de la deuda y Europa avanza hacía la unidad social y fiscal, que ya es hora.